La presentación por parte del ejecutivo municipal platense de un proyecto de ordenanza que apunta a sumar más de 500 cámaras privadas de seguridad al monitoreo municipal, que deberán ser instaladas por sedes bancarias, boliches, estaciones de servicio y centros de consumo que tengan más de 1.800 metros cuadrados de superficie –y que sólo podrán filmar los accesos a esos lugares, así como el espacio público colindante- podría traducirse en un paso positivo, pero en modo alguno resolverá cuestiones relacionadas al alto nivel de inseguridad existente, que las autoridades debieran enfrentar con mayor eficacia.

Según se informó, lo que se busca es fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria en la vía pública, por lo que el texto dispone el acceso remoto a las cámaras de seguridad privadas desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) que depende de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la comuna y monitorea distintos puntos de la ciudad. Asimismo, se indicó que si bien podrán integrarse en forma voluntaria todos los comerciantes que así lo deseen, aquellos cuyos establecimientos dispongan de más de 1800 metros cuadrados deberán hacerlo en forma obligatoria.

Es cierto que las cámaras en la vía pública –siempre en la medida en que no resulten ser violatorias del derecho a la privacidad de las personas- han venido sirviendo para identificar a presuntos autores de delitos y que, a partir de esa evidencia, una expansión del sistema permitiría incrementar el rol de prevención que cumplen. Se aludió en estas horas al delicado problema que se plantea con la desaparición de algunos menores a la salida de los boliches, sin poder contarse con ningún mecanismo auxiliar que pueda colaborar en las posteriores pesquisas policiales.

Una cámara vale como elemento disuasorio, pero mucho más efectiva es la presencia policial

De todos modos, las objeciones formuladas por directivos de la Unión de Expendedores de Naftas y Afines y por parte de representantes de cámaras empresariales –en el sentido de que con sólo ese sistema de cámaras no se avanzará en los niveles de seguridad, si es que no se incrementan en forma ostensible la presencia policial y se torna más consistente la tarea de fiscales y jueces- constituyen argumentos de fondo que deben ser contemplados. Algunos empresarios alegaron, además, que ya cuentan con cámaras adecuadas para sus sistemas privados, pero que ahora deberían cambiarlas y adquirir equipos más costosos por el tipo de tecnología que utilizan ya que son de operación remota. Aludieron, asimismo, al problema que plantean los menores que delinquen, frente al cual, en la práctica, la videovigilancia carece de efectividad, a partir de diversas circunstancias que sería largo analizar aquí.

Ante la afligente ola de inseguridad que castiga a nuestra región –y más allá de admitir, como se ha dicho, que el monitoreo de las cámaras en la vía pública puede cumplir un efecto disuasor- siguen resultando válidos y prioritarios los múltiples reclamos vecinales, a favor de una mayor presencia de policías en las calles, perfeccionando el accionar de esa fuerza e impulsando, a la vez, un más efectivo tratamiento judicial de los delitos.