Urge esclarecer el salvaje e inexplicable ataque contra un fiscal penal platense

El salvaje ataque sufrido en las últimas horas por un fiscal penal de La Plata, a cargo de importantes causas judiciales, exigen la más profunda de las investigaciones destinadas a esclarecer por completo ese episodio y, en su caso, detectar y sancionar a los responsables.

Los antecedentes muestran que no es la primera vez que un magistrado o un funcionario judicial bonaerense resultan víctima de una agresión de esas características. En diciembre de 2015 el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial lamentaba el acto de violencia padecido por un integrante del departamento judicial Morón, en un hecho que entonces se relacionó con una investigación que el funcionario realizaba sobre una fuga de presos en una comisaría de Hurlingham.

En el caso del fiscal platense, tal como se informó en este diario, el magistrado fue interceptado por dos hombres y una mujer vestidos con ropas policiales que lo hicieron descender a la fuerza de su vehículo estacionado cerca de los tribunales penales, para luego golpearlo y amenazarlo en forma reiterada. Aturdido aún por los golpes, el magistrado acudió a su fiscalía y al retirarse, con posterioridad, volvió a ser agredido en la vereda por una persona que pasó corriendo. Pero no todo terminó ahí. Por la noche, cuando llegó a su domicilio se encontró con su perra, que había sido apaleada. Al día siguiente, cuando salió de su vivienda otra vez con destino a la fiscalía, encontró en la puerta de su coche y, en un corredor interno del inmueble, varios panfletos, con amenazas de muerte y manchas rojas, que simulaban sangre, pero que eran de salsa de tomate.

“Conozca al próximo Nisman”, decía uno de esos carteles, con la imagen del fiscal federal fallecido y otra del fiscal platense. Sorpresivamente, los mismos papeles aparecieron en distintos ambientes de los tribunales penales.

Se está hablando de una agresión a una persona en la que -como ocurre con todos los magistrados- se encuentra depositada la máxima garantía institucional. Y sobre todo, como en este caso, de un ataque agravado por cuanto, presuntamente, se relaciona con las investigaciones que el magistrado profundizaba en algunas de las causas a su cargo. Está claro que ello puede implicar la directa intención de ejercer presiones o represalias por las medidas que se adoptan.

Según hicieron público distintas fuentes oficiales, el episodio podría tener como principales protagonistas a miembros o ex miembros de la Policía, quienes relacionaron al fiscal agredido con el fallecido fiscal federal Alberto Nisman, a partir de una causa que investiga su posible conexión con los llamados abogados caranchos, con quienes generarían una caja negra o de recaudación ilegal, por el manejo direccionado de sumarios por accidentes de tránsito.

Resulta por lo pronto inconcebible permitir que tanto los integrantes, como las sedes del Poder Judicial -pues en ellas se han venido registrando incidentes absolutamente impropios de esos ámbitos- puedan permanecer en situaciones de indefensión, con los magistrados expuestos a todo tipo de agresiones o actos de vandalismo. Se puede también hablar de los ataques que han sufrido varios jueces por parte del público en las audiencias orales, en muchas oportunidades al darse a conocer los veredictos.

La agresión sufrida por el fiscal penal platense parece contener una decidida intención intimidatoria y lo que importa, entonces, es no sólo evitar que se repitan estas amenazas, sino también identificar a los presuntos autores y aplicarles el rigor de las leyes penales.

Las medidas de prevención que se reclaman desde hace tiempo, todas aquellas que resulte aconsejable adoptar, deben tomarse cuanto antes, para que en los Tribunales y en todos los magistrados, funcionarios y empleados que los integran, reine un clima tranquilizador, propio de las delicadas cuestiones que la Justicia debe tratar sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza.