Las inseguridades de hoy: Violencias institucionales y sociales que se retroalimentan

En las últimas semanas tomaron estado público una serie de hechos delictivos sucedidos en el Conurbano bonaerense, bajo la modalidad de entraderas en domicilio, robo de automotores y asaltos que, como resultado directo, arrojaron algunas víctimas fatales (entre ellas un menor de 3 años).

El análisis integral sobre las posibles causas del recrudecimiento de la  violencia social e institucional incluye  la necesidad de revisión de las políticas públicas en torno al sistema de seguridad y justicia y las 6 instituciones que la componen: policial, fiscalias, defensorias, judicaturas, carcelaria y patronato de liberados.

En torno a esta acuciante situacion, la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Mario Coriolano, acaba de dar a conocer el "Informe anual 2016, del Registro de Casos de Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos" , que funciona desde los albores del 2000 en la sede de la Institución y tiene registrados un total de 11754 casos (marzo 2000 a diciembre 2016).

El informe recoge información de un sector de la Defensa Pública provincial, y la sistematiza en indicadores: a) Tortura y tratos inhumanos, b) Agravamiento de condiciones de detención, c) Causas fraguadas y prueba falsa. 

En el año 2016 se registraron 673 casos de tortura y tratos inhumanos (133 corresponden a niñas y niños), 413 de agravamiento de condiciones de detención y 33 casos de Pruebas falsas o causas fraguadas - que posibilitan inocentes presos- . 

Entre los presuntos autores de la violencia institucional, se informan 331 casos donde se sindican agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y otros 327 casos donde la Policía de la provincia habría sido responsable.

Es importante resaltar que dicha información contiene datos de carácter reservado cuando las víctimas así lo requieren, para preservar su integridad y evitar represalias.

 Durante el año 2016, 340 casos de tortura o tratos fueron puestas en conocimiento de un funcionario además del Defensor y otros 333 pidieron ser mantenidos en reserva.

Entre las modalidades más recurrentes de tortura y malos tratos se informan  los golpes - patadas, trompadas, ducha fria-.  En el indicador agravamiento de condiciones de detención, la falta de asistencia médica es la mas reiterada.

El Defensor de Casación Penal culmina el informe anual requiriendo se efectivice la prohibición de alojar niños y niñas en las comisarías de la provincia. Insiste en la imprescindible  perspectiva de género en la situación de encierro de mujeres, mujeres madres y colectivo LGTBI, con algunos avances pero con francos retrocesos;  y se exige la eliminación de la modalidad de aislamiento como práctica del Servicio Penitenciario y la Policía provincial.

Asimismo, se peticiona la necesidad de reforzar y mejorar el sistema de salud de las personas privadas de su libertad , con la propuesta de que el sistema de salud que los asiste pase a depender de modo urgente del Ministerio de Salud . 

Se postula, asimismo, la necesidad de implementar plenamente la Ley de Salud Mental, la puesta en marcha de una nueva Policía Judicial y la creación de un Mecanismo Provincial de Lucha contra la Tortura.

Por último, se señala la necesidad de avanzar en la efectiva autonomía de la Defensa Pública, que permitiría una defensa oportuna, efectiva e integral;    que - a su vez -  impulse y lidere el  abordaje multiagencial contra las situaciones de violencia institucional recogidas en el informe.