Juez aprobó la vivienda para trasladar a Milagro Sala

El juez Pablo Pullen Llermanos, uno de los dos que investiga a Milagro Sala, aprobó hoy la vivienda de la localidad jujeña de El Carmen para trasladar a la  dirigente, pero advirtió que aún no decidió si le otorga la prisión domiciliaria, como sugirió la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH).   

El gobierno jujeño reprochó hoy la decisión del magistrado Gastón Mercau, quien avaló ayer el arresto domiciliario a la jefa de la Tupac Amaru, mientras abogados de Sala reclamaron al juez Pullen Llermanos que acceda a la recomendación de la CIDH.     

El juez Pullen Llermanos, que resta firmar para que Sala cambie su lugar de detención, inspeccionó la vivienda de la localidad jujeña de El Carmen y consideró "apto" el lugar para el traslado de la dirigente, pero sostuvo que todavía no resolvió si le otorga el beneficio.    

El magistrado admitió que la vivienda presenta "cierto abandono", aunque estimó que "no es nada que no se pueda solucionar a la brevedad", y recordó que las condiciones de seguridad del predio "están aprobadas por parte de Gendarmería".    

Al ser consultado por la prensa si tenía previsto firmar en breve el arresto domiciliario de Sala, Pullen Llermanos respondió: "A la mayor brevedad posible, en los plazos que me permitan las constancias del expediente".    
"La recomendación de la CIDH no tiene carácter de obligatorio  y por tanto el plazo tampoco. Es meramente ordenatorio", enfatizó.    

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, consideró hoy un "injusto privilegio" que se le conceda la prisión domiciliaria a Sala y advirtió que si el juez Pullen Llermanos vota en contra de ese beneficio "tendría que resolver el superior inmediato o el Superior Tribunal de Justicia".    

El Fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, consideró hoy "irregular" el trámite para que Sala esté cerca de beneficiarse  con el arresto domiciliario, y lo atribuyó a un "lobby político"  de la defensa de la dirigente social kirchnerista.    

En tanto, abogado Luis Paz, uno de los defensores de Sala, reclamó al juez Pullen Llermanos que firme "cuanto antes" el traslado de la dirigente, presa desde enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, a la vivienda de la localidad de El Carmen.    

"Hicimos una presentación para que la Justicia directamente cumpla con la medida de la prisión domiciliaria en ese domicilio, a pesar de que las condiciones hasta el día de ayer eran inhabitables", manifestó.    

En tanto, Elizabeth Gómez, otra de las defensoras de Sala, advirtió que la vida de su defendida "corre peligro" en prisión y  afirmó que la jefa de la Tupac Amaru le dijo que "no necesita un colchón ni una canilla, porque la prioridad es salir de la cárcel".     

En la resolución dictada el 28 de julio la CIDH fundamentó su  recomendación de otorgar arresto domiciliario a Sala en la existencia de "una serie de particularidades que rodean" su privación de la libertad y advirtió que identificó "múltiples factores de riesgo", que incluyen amenaza de muerte y agresiones en su contra.    

El organismo sostuvo en su dictamen que "verificó la continuidad de la privación de la libertad" de Sala, pese al pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención  Arbitraria, que calificó la prisión como "arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y  Políticos, llamando a su liberación inmediata".   

La CIDH concluyó que la jefa de la organización Tupac Amaru, presa en el penal jujeño de mujeres de Alto Comedero, se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos  a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable".