Máxima tensión en España a días del referendo de Cataluña

BARCELONA.- Las acciones desarrolladas en los últimos días por la Justicia y las fuerzas de seguridad de España han puesto contra las cuerdas el proyectado referendo de los independentistas catalanes, que ahora confían en la movilización popular para mantener sus aspiraciones.

El vicepresidente del Ejecutivo regional catalán, Oriol Junqueras, admitió ayer que el Estado ha “alterado las condiciones del juego”, en alusión a las diferentes actuaciones que han desmantelado el proyecto de consulta secesionista. Aunque el Tribunal Constitucional lo suspendió hace dos semanas, la consulta ilegal seguía adelante, en palabras del Gabinete regional catalán, dispuesto a concretar el desafío al Estado.

Un desafío que su máximo representante, Carles Puigdemont, mantuvo a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo catalán ofreció información sobre los lugares adonde los ciudadanos podrán dirigirse a votar el próximo 1 de octubre. De la misma forma, divulgó después un mensaje institucional en el que aseguró que hay “planes de contingencia” para poder votar, por lo que continuó alentando a los catalanes a seguir “defendiendo” el referendo con “civismo y firmeza”.

La cruzada del presidente regional de Cataluña en defensa de la consulta, declarada ilegal por la Justicia española, traspasó ayer las fronteras de España.

En un artículo firmado en el diario británico “The Guardian”, Puigdemont pidió ayuda internacional para Cataluña, algo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy consideró “una colección de mentiras”. Fuentes del Ejecutivo dijeron que las afirmaciones de Puigdemont en ese artículo son “una mentira detrás de otra”, y señalaron que toda la comunidad internacional, y en especial la Unión Europea, ha dejado “inequívoca” su posición ante este asunto en todo momento.

Mientras en el ámbito político continuaba el cruce de acusaciones, la actuación de la Justicia seguía su curso tras las 14 detenciones de funcionarios catalanes y registros que por orden judicial tuvieron lugar el miércoles.

Las investigaciones se centran ahora en comprobar si el Gobierno regional de Cataluña destinó a la celebración del referendo una partida de 6,2 millones de euros, cuya aprobación en el Parlamento catalán fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Asimismo, trascendió que el magistrado que ordenó la operación policial, encargó a la Guardia Civil (en su calidad de policía judicial) que intervenga cualquier indicio sobre “actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña”. En este marco, cientos de personas se concentraron ayer frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para protestar por las detenciones de los organizadores del referendo.