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El país |EN MEDIO DEL CASO SANTIAGO MALDONADO
Investigan posible tráfico ilegal de armas desde Argentina a Chile

La Justicia chilena tiene en la mira a grupos mapuches radicalizados

27 de Septiembre de 2017 | 01:42
Edición impresa

Agentes de Carabineros de Chile detuvieron en la región de la Araucania, en el país trasandino, a ocho mapuches a quienes les incautaron teléfonos móviles en los que descubrieron conversaciones por chat referidas a un envío de armamento y municiones de diferentes calibres desde Argentina, según se conoció ayer través de la prensa de ese país.

Se sospecha que el envío de armamentos fue manejado por líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización que reivindica la autonomía del pueblo mapuche respecto al Estado de Chile, indicaron fuentes judiciales citadas por la prensa chilena.

La Fiscalía de Chile investiga el presunto comercio ilegal de armas desde nuestro país por un grupo de mapuches que se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana.

El Ministerio Público informó ayer que existen conversaciones de WhatsApp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser traídas desde Argentina.

Estos mensajes, que habrían sido registrados el 4 de agosto pasado, inculparían a Héctor Llaitul, portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche radical, y al dirigente Jorge Huenchullán.

La Fiscalía aseguró que se trata de 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros, que llegaron a Chile “antes del 15” de agosto pasado según consta en los mensajes capturados por la justicia.

Además se habla de 12 millones de pesos (unos 18.984 dólares) que Llaitul habría recibido como pago por una charla que ofreció en una universidad, los cuales “serían utilizados para estos delitos”, sostuvo la vocera de la Fiscalía de la región sureña de La Araucanía, Nelly Marabolí.

El Ministerio Público chileno informó ayer que existen conversaciones de WhatsApp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser traídas desde Argentina.

El defensor de los ocho detenidos por la presunta quema de iglesias y camiones en esa zona, descartó la versión de la parte querellante, a la vez que negó haber sido informado sobre el origen de estos diálogos.

“No lo reconocemos nosotros, nuestros defendidos tampoco. Lo cierto es que se han presentado antecedentes obtenidos de algunos celulares y ni siquiera se nos señala de qué número es”, declaró el abogado Humberto Serri.

La denominada “Operación Huracán” dejó el fin de semana ocho mapuches arrestados, entre ellos Llaitul. Huenchullán, por su parte, se encuentra prófugo.

REUNION CON LA MINISTRA BULLRICH

Desde el Gobierno de Chile anunciaron ayer que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, viajará a Argentina para reunirse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a fin de coordinar acciones entre ambos países, además de intercambiar información respecto de los últimos hechos de violencia registrados en el sur.

Actualmente, cuatro mapuches llevan adelante una huelga de hambre desde hace 111 días, mientras cumplen prisión preventiva como presuntos autores del incendio de una iglesia evangélica, para exigir al Gobierno que no se les juzgue bajo la ley antiterrorista.

En las últimas horas, otros cinco mapuches encarcelados anunciaron que se plegarán a la huelga de hambre, con el propósito de presionar al Ejecutivo.

EN CHILE, EL CONFLICTO PROVOCO VARIAS MUERTES

La reclamación de terrenos del pueblo mapuche al Estado chileno ha derivado en un conflicto que se extiende hace décadas en La Araucanía y alrededores, que ha significado la muerte y el uso de la violencia en contra de varios comuneros, mujeres, niños y ancianos.

Se suma la muerte de policías y agricultores en enfrentamientos, además de una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques, vehículos e iglesias, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas “insuficientes”, según reclaman organizaciones de derechos humano.

 

Pedido
El juez federal Gustavo Lleral, a cargo ahora de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, solicitó celulares, camionetas 4 x4 y más personal a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Y dijo que se instalará en la ciudad de Esquel.

 

 

 

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