El debate por un protocolo antipiquetes vuelve este año a la agenda del municipio

Por LAURA ROMOLI
lromoli@eldia.com

Un tema de recurrente debate en La Plata volvió a asomarse en la agenda municipal, en el marco de la confección de una propuesta para un nuevo código de convivencia que impulsa el Ejecutivo: el de intentar contener las protestas callejeras y los múltiples cortes de tránsito que se dan en el centro a diario.

Así se desprende del primer borrador del nuevo código contravencional, que apunta a regular en general la vida urbana, focalizando en la venta ambulante, la nocturnidad y el tránsito.

Y en este punto, el tema que ya ha levantado polémicas con la oposición volvió a surgir: la intención del municipio de hacer respetar el libre tránsito por las arterias de la Ciudad.

Por eso este primer borrador que circula por los despachos de los secretarios -y que de tener el visto bueno será enviado al Concejo Deliberante en abril- propone que las manifestaciones que se realicen en el ámbito local se hagan ocupando “únicamente las veredas”, es decir, sin interrumpir el paso de vehículos.

Y consigna que la infracción a este punto será considerada como “gravísima”, lo que según este primer boceto sería penado hasta con un máximo de 25 mil unidades económicas municipales (UEM), valuada cada una lo que corresponde a 10 litros de nafta de menor octanaje. Es decir, que para este caso, de avanzar con la propuesta, una organización que viole la ordenanza podría tener que pagar hasta 6 millones de pesos. Una multa, que, según se presume, deberá pagar la organización convocante a la movilización que esté faltando a ordenanza.

Al mismo tiempo, el anteproyecto establece que aquellos manifestantes que así lo deseen podrán solicitar el uso de la explanada frente al palacio municipal con dos días de anticipación.

POLÉMICA

El tema ya había tenido un incipiente y frustrado debate a comienzos de 2016, con el inicio de la gestión de Julio Garro, cuando el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, impulsó la sanción de un “protocolo antipiquete”.

En ese momento las trabas que tuvo la idea de corta vida se vincularon a la falta de recursos del municipio para hacer frente a un control de manifestaciones tan caóticas y múltiples que se dan a diario en la Ciudad, además de la potestad de autoridad que regula la cuestión penal al respecto es provincial y escapa al ámbito municipal.

Sin embargo, otra cuestión más obvia se había perdido de vista: la interrupción del libre tránsito ya está penado por la ley provincial y por la normativa municipal. Lo que no ocurre ni ocurrió es su cumplimiento. En medio de esto, la oposición acusó con énfasis al nuevo gobierno de querer lesionar el derecho a la protesta.

Ahora, la Comuna insistirá con el tema en una vuelta a la carga por intentar normalizar el funcionamiento cotidiano de la Ciudad que, como centro administrativo provincial, aloja en su seno diariamente protestas de distinta índole que alteran la vida de los platenses.

Las protestas deberán desarrollarse sin interrumpir el tránsito vehicular

“No se busca prohibir un derecho tan legítimo como es el derecho a la protesta”, explicaron ayer a EL DIA desde el entorno de Garro, aunque aclararon: “tampoco se puede permitir que quemen gomas, creen humo tóxico, rompan el pavimento y las veredas y valga todo”.

Incluso, desde su asunción el gobierno de Garro viene realizando constantes presentaciones en la justicia penal contra organizaciones y cooperativas que protestaron de forma violenta frente al palacio de calle 12, provocando desmanes o distintos daños.

En un punto en el que se reconoce que la prohibición ya existe y que acentuar las penas en ese sentido deberá pasar por un Concejo en el que el oficialismo tiene mayoría, se espera que cuando se formalice esta forma de “ordenamiento” de las protestas surjan voces de la oposición que salgan a su encuentro.