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Por ALBERTO MAZZARONI
Hay varias teorías que intentan encontrar la explicación del incremento casi exponencial de la cantidad de homicidios que revela cualquier estadística más o menos seria que se maneje entre los encargados de dispensar seguridad a la comunidad.
Así, vamos a encontrar diversas causas que tienen que ver con la marginalidad social de vastos sectores de la sociedad, la influencia de la circulación cada vez mas corriente de estupefacientes, y alguna que ponga el acento en la distinta posibilidad de crecimiento económico, social y cultural que se sintetiza con la palabra inclusión.
Todas ellas tienen parte de razón. No puede decirse que no influyan en el avance del problema, que tiene visos dramáticos. Pero tengo por cierto que no es la de mayor importancia.
El Código Penal le da carácter decisivo a un elemento que puede estar presente en la personalidad del individuo, de trascendencia capital cuando se trata de evaluar las penas que le puedan corresponder el delincuente, y es la peligrosidad.
Condición esencial para determinar si es apto para integrarse a la sociedad, o cuadra, para bien propio y ajeno que permanezca en establecimiento penitenciario.
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Pero de nada vale que un juez le aplique una pena severa, si luego, otro magistrado, que es el encargado de observar las reglas de cumplimiento de la condena, sin dar mayor importancia a los informes legales que le llegan conjuntamente con el pedido de libertad, ignora la condición de peligroso del sujeto y lo coloca nuevamente en el mismo medio que lo llevó a cometer delitos como ocupación central de su existencia.
No caben dudas entonces dudas acerca de que debe coartarse la potestad judicial de dispensar libertades a su libre albedrío. Allí si que es de la mayor necesidad que con celeridad se elaboren normas jurídicas que determinen con claridad y precisión las condiciones psíquicas del delincuente para acceder a beneficios que tengan que ver con el acortamiento de condenas dispuestas y firmes.
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