Una ex socia de un secretario K también pide ser arrepentida

La causa por los cuadernos de la corrupción en el kirchnerismo sumó ayer un nuevo detenido, Carlos Cortez, y otro pedido para sumarse al listado de arrepentidos del caso por parte de la martillera marplatense María Elizabeth Ortiz Muñicoy.

La mujer ingresó a media mañana esposada, con chaleco antibalas y casco y con custodia del Servicio Penitenciario Federal a la fiscalía de Carlos Stornelli en el quinto piso de Comodoro Py 2002, donde pidió acogerse a la ley del arrepentido. Acompañada por su abogado Fernando Burlando, deberá declarar ahora ante el fiscal, quien evaluará si sus dichos aportan nueva información al caso para aceptarla. Luego este acuerdo deberá ser refrendado por el juez federal Claudio Bonadio, quien lleva la causa.

Bonadio todavía debe decidir si acepta como arrepentido a Sergio Todisco, ex marido de Muñicoy, una martillera marplatense detenida en relación a las maniobras de lavado de activos vinculadas al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, también quedó presa por orden de Bonadio, quien rechazó excarcelarla, algo que fue apelado ya por su defensa ante la sala I de la Cámara Federal porteña. Mientras tanto Pochetti fue trasladada a la cárcel de Ezeiza.

Ortiz Muñicoy había sido detenida en Mar del Plata el sábado último por orden de Bonadio. Si ella y su ex marido son aceptados en este rol, sumarán 24 los arrepentidos desde el inicio de la causa por los cuadernos de la corrupción que escribió el ex chofer Oscar Centeno, primer “imputado colaborador” en la pesquisa.

ATRAPADO EN EZEIZA

En cuanto a Cortez, fue apresado por la mañana al arribar desde el exterior al aeropuerto internacional de Ezeiza y trasladado a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal a la espera de ser convocado a prestar declaración indagatoria por el juez Bonadio.

Muñicoy, Todisco y Cortez están acusados por sus vínculos con el fallecido Muñoz y Pochetti en cuanto a supuestas maniobras de lavado de activos mediante la constitución de empresas off shore y compra de propiedades en Estados Unidos por unos 70 millones de dólares.