En casi dos años, sólo un prófugo cayó en la Provincia por las recompensas

El 25 de enero de 1997, en la localidad atlántica de General Juan Madariaga, el cuerpo del reportero gráfico y fotógrafo, José Luis Cabezas, fue hallado sin signos vitales, con las manos esposadas a la espalda, con dos tiros en la cabeza y dentro de un Ford Fiesta incendiado.

Un año más tarde, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en ese entonces encabezado por Eduardo Duhalde, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad lanzaría el Decreto N° 2052/98, que estableció un “sistema de recompensas para las personas que aporten datos, informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fehaciente a fin de contribuir al esclarecimiento de hechos de homicidios dolosos u homicidios en ocasión de otro delito doloso o a la individualización de sus autores, cómplices, encubridores o instigadores prófugos de la justicia”.

El asesinato del periodista fue el disparador de ese programa, que se creó también en el marco de la búsqueda de los responsables por los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

Así comenzó el proceso de reglamentación, en el cual se estableció un monto, se creó un Fondo Permanente y se ungió “como órgano de aplicación” a la Secretaría de Seguridad, que luego cobraría estatus de Ministerio.

La retribución se haría efectiva para aquellas personas que brinden una ayuda determinante al “esclarecimiento de casos de delitos dolosos, individualización de autores, cómplices, encubridores, instigadores y/o a la captura”.

“También se utiliza para resolver cuestiones de averiguación de paradero, por ejemplo con Ángeles Anahi Cendra o Araceli Fulles”, aporta un vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense.

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Las diferencias con el programa BUSCAR, de Nación, son significativas.

MILLONES VS MILES

Una vez confirmada la detención de Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) y el último prófugo en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación comunicaron que en lo que va del 2018 “se hicieron efectivas más de diez recompensas” para dar con el paradero de personas que eran buscadas por la Justicia.

El año pasado (y parte de 2016), sumados todos los pagos, el total ascendió a 1.850.000 pesos. Y en lo que va del corriente, ya se abonaron cerca de $1.500.000.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires la realidad es otra: entre 2017 y los diez meses de 2018, solamente se pagó una, por valor de 150 mil pesos, que permitió la detención de Oscar Alfredo Menéndez, acusado de haber asesinado a María Rosa Zarategui (52).

Las disparidades no concluyen allí. Para recibir el pago por datos aportados que ayuden a resolver uno de los hechos mencionados, en la Provincia la información se puede dar en las oficinas del organismo, Fiscalías Generales, Juzgado de Garantías o en el Fiscalía que instruye.

Por su parte, en el área nacional los datos se reciben en la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad ( 134), donde se encargan de chequear que la recompensa se encuentre vigente.

Luego, explicaron portavoces del organismo, la llamada es derivada al programa BUSCAR.

Allí se toma un acta telefónica que se analiza mediante un equipo técnico capacitado, con el fin de evaluar la veracidad de la denuncia y si se encuentra vinculada o no a la causa por la que se ofrece la recompensa.

UN PROCESO LARGO

Para evitar equivocarse con la entrega de fondos que son del Estado, cada recompensa que se paga es primero sometida a un largo proceso en el que siempre define “el fiscal que instruye en la causa que se trata”, explican desde la cartera provincial. “El proceso es largo. El monto lo dicta el Ministerio, aunque a veces se conversa con la fiscalía para determinarlo”, afirman.

Primero, añaden, “tiene que pasar por un proceso administrativo, después por todos los organismos: Asesoría General de Gobierno, Contaduría, y el fiscal del Estado, que es el dictamen más importante”.

Luego, el pago se realiza mediante un cheque que lo emite la Contaduría General de Gobierno.

Las retribuciones se pueden motivar desde el ministerio, pero “sí o sí pasa por quien instruye en la causa que se busca esclarecer. Se le pregunta al fiscal si está de acuerdo y él define”.

En otros casos, es el fiscal el que se acerca a solicitar que se ofrezca una recompensa.

Ocurren situaciones en las que se acerque una persona que diga “la información que aporté fue fundamental para la resolución del hecho”. De ser así, “se consulta con el fiscal mediante una serie de preguntas de rigor que están predeterminadas en la resolución”.

“Hay recompensas que pierden la vigencia, por ejemplo un prófugo que es hallado por la Policía o dentro de un procedimiento legal. En esos casos se da de baja”, agregan. En lo que refiere a la información recibida, el tratamiento es similar.

“Nosotros somos muy cuidadosos al momento de manipular los testimonios que recibimos. Cada dato que nos llega por alguna de las vías disponibles, la derivamos a la Fiscalía para que la procesen ellos, que son además quienes ‘filtran’ esa información para resolver si es buena o no”, refiere una fuente oficial. Por otra parte, se informó que existe un presupuesto de 2 millones de pesos que funciona como preventivo.

Pero si se toman en cuenta los montos ofrecidos desde que se creó el programa, en 1998 hasta la fecha, de las recompensas que están vigentes, el total supera ampliamente esa reserva.

Asimismo, se indicó que “en este momento tenemos varios pedidos de cobro de recompensas”. Esa es otra característica en la que ambos programas difieren entre sí. En Nación, el pago se realiza en efectivo y se concreta en el Ministerio de Seguridad, con la participación del Escribano General de la Nación.

Suele tardar seis meses -dependiendo de los plazos judiciales-, y los ofrecimientos de recompensa se disponen por Resolución Ministerial realizando el procedimiento administrativo determinado.

Al día de la fecha, se encuentran en procedimiento de pago una recompensa por $500.000 y tres por $100.000, $200.000 y $1.000.000, respectivamente. Esto significa que el total final superará los tres millones de pesos.

Finalmente, desde ambas entidades coinciden en una cuestión particular: los cazarrecompensas no existen, o al menos no como son reconocidos en el imaginario popular.

Sí, destacan, se observa que los ciudadanos “deciden colaborar para disminuir la delincuencia y terminar con la corrupción”.

“En el momento que las personas vienen a aportar información al Programa, se realiza un procedimiento reservado donde se resguarda la identidad de los aportantes, y se ‘ficha’ a los mismos con una clave alfanumérica”, , para “reservar tanto los datos personales como cualquier otra información que pueda identificarlos”.

En la Provincia, el denunciante puede comunicarse por diversas vías para ofrecer información