El Concejo autorizó al intendente a actualizar precios de obras públicas

El Concejo Deliberante autorizó ayer al intendente, Julio Garro, para la renegociación de los precios de los contratos de obras públicas, cuando registren atrasos por la inflación.

La norma, que contó con el acompañamiento del Frente Renovador, el GEN y el bloque Justicialista, apunta a establecer un mecanismo que acelere los actuales procedimientos para redeterminar precios, los que, por los vertiginosos procesos inflacionarios de los últimos tiempos, “afecta la concurrencia de oferentes” a las licitaciones que convoca el municipio.

En concreto, la norma permitirá modificar los contratos que firmen las empresas prestatarias de servicios para la obra pública con la Comuna, en virtud de las variaciones de costos de mano de obra, materiales, amortización de equipos afectados y combustibles, entre otras cuestiones.

La iniciativa establece que si bien el área de Economía será la que fije el porcentaje promedio de variación, también indica que éstos se someterán a las referencias de precios que brinde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) o, en caso de no ser informados por esa entidad, por “otros organismos oficiales especializados”.

En los considerandos del decreto enviado al deliberativo, el Departamento Ejecutivo advierte que “el reconocimiento de los mayores costos constituye un imperativo legal para mantener el equilibrio económico financiero de los contratos de obra pública y garantizar la continuidad de su ejecución”.

El Intendente reconoce así que el actual mecanismo, que según afirma “reviste una excesiva duración de los procedimientos y la consecuente dificultad en el cálculo de costos”, afecta la “concurrencia de oferentes a los procesos de selección y el debido cumplimiento del contrato en la ejecución de las obras”, además del “aumento del reclamo por parte de las contratistas”.

Los bloques de Unidad Ciudadana y el FpV-PJ rechazaron el proyecto por considerar que la Comuna “debe ocuparse también del atraso en el poder adquisitivo que sufren empleados municipales y cooperativistas”.