La Corte rechazó un pedido de Carrió para auditar sus cuentas

Los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Juan Manuel López, presentaron un escrito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, solicitándole una auditoría a la actual gestión de la Secretaría general de Administración de la Corte, encabezada por Héctor Marchi, un aliado del juez Ricardo Lorenzetti y que ocupa el cargo desde hace 10 años.

Pero la Corte, con el voto unánime de sus cinco miembros, rechazó ayer por cuestiones formales el pedido de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió para auditar al administrador general del máximo tribunal y hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, Héctor Marchi.

En una escueta resolución, fundaron el rechazo en que el pedido “no constituye acción o recurso alguno que, con arreglo a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, habilite la competencia de la Corte”. Es decir, es un pedido que no se enmarca en ninguna de las competencias judiciales de la Corte.

Tanto Carrió como López pertenecen a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En el escrito mencionan directamente a Lorenzetti: “(…) en el juicio político promovido contra Ricardo Lorenzetti hicimos referencia a las creación del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, hoy integrado por unos pocos peritos de confianza de las antiguas autoridades, que fue ´absorbiendo´ las causas más sensibles, a fin de sumar cada vez más poder. A los problemas que tiene el cuerpo de peritos de auditores de dicho tribunal, del que no es ajeno Héctor Marchi, se le sumaron las irregularidades en la designación del perito en el caso del homicidio de Alberto Nisman que ameritan que una auditoria se realice también en ese organismo”.

El pedido está en línea con la presentación que los diputados habían hecho a la Unidad de Información Financiera (UIF) en julio con el objetivo de investigar “un entramado de personas físicas y jurídicas que podrían formar parte de maniobras de lavado de activos provenientes de hechos de corrupción que habrían tenido origen, entre otros hechos, en la gestión de Héctor Marchi en su cargo de Administrador de la Corte Suprema”.