Ecuador: juzgarán al ex presidente Correa por el secuestro de un dirigente opositor

La Justicia de aquel país advirtió que si el ex mandatario no se presenta voluntariamente pedirá su captura a la Interpol 

La justicia de Ecuador resolvió hoy juzgar al ex presidente Rafael Correa y a tres ex agentes de inteligencia por el secuestro de un dirigente opositor, ocurrido en 2012, y advirtió que si el ex mandatario no se presenta voluntariamente pedirá su captura a la Interpol, informó la prensa oficial.

Lo resolvió esta noche la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, quien ratificó el congelamiento de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes que impuso a los cuatro procesados, consignó el diario estatal El Telégrafo.

Junto a Correa serán enjuiciados Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, el primero ex titular y los dos últimos ex agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain, disuelta este año por el presidente Lenín Moreno).

Los cuatro procesados fueron responsabilizados por el secuestro del dirigente opositor Fernando Balda, raptado en Bogotá en 2012 y llevado por la fuerza a Ecuador para que cumpliera una condena a dos años de prisión por injurias a un dirigente oficialista, que le fue impuesta en ausencia.

Balda militaba en la Alianza País, el partido de Correa, y se desempeñó como asesor del directorio del Banco de Fomento durante los primeros meses de su gobierno, pero en 2008 abandonó esa formación acusando al entonces mandatario de incumplir promesas efectuadas durante la campaña electoral.

Dado que la ley ecuatoriana impide juzgar en ausencia por los delitos que se imputan en este caso, Camacho llamó a Correa y a Romero -que viven en Bélgica y España, respectivamente- a que comparezcan voluntariamente, y advirtió que si no lo hacen, pedirá su captura a la Interpol.

Por ese motivo, el juicio no comenzará hasta que Correa y Romero se presenten por su cuenta o sean detenidos y extraditados, siempre que eso ocurra antes de que se cumpla el plazo legal de prescripción de la acción penal, que en este caso es de siete años.

En cambio, Chicaiza y Falcón se acogieron al procedimiento abreviado, que les permite obtener una reducción de la pena a cambio de declararse culpables.

La audiencia de hoy se efectuó en una Corte Nacional de Justicia rodeada desde temprano por cientos de simpatizantes de Correa y un severo operativo de seguridad.

A lo largo del proceso, el fiscal general encargado, Paúl Pérez, presentó 28 elementos de prueba que, a su juicio, demuestran que Correa ordenó directamente a Romero que secuestrara a Balda.

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