El costo político de la incoherencia

Por Manuel García Arias

La reciente caída en la satisfacción ciudadana con el gobierno argentino se agrava por la denuncia de corrupción que sacudió al sistema público: el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue removido tras filtrarse audios donde describe un supuesto esquema de sobornos en la provisión de medicamentos, con ramificaciones que alcanzan a funcionarios del entorno presidencial.

LE PUEDE INTERESAR

La importancia de un censo para el arbolado público

LE PUEDE INTERESAR

Las presuntas coimas golpearon al mercado

Desde una mirada politológica, esta doble crisis, institucional y simbólica, representa un fuerte desgaste en la relación entre ciudadanía y gobierno. Esto sumado a la insatisfacción previa percibida por algunos sondeos universitarios.

El índice de satisfacción con la gestión se desplomó: según la Universidad de San Andrés, en julio solo el 37 % de la población se dice conforme con el rumbo del país, mientras que el 61 % lo rechaza. Esto refleja una pérdida de confianza significativa, sobre todo cuando la recuperación económica prometida tarda en materializarse, en términos microeconómicos y los problemas estructurales como inseguridad, pobreza y desempleo siguen sin resolverse.

La denuncia de corrupción en Andis, impacta especialmente dado que la administración Milei, a partir del encarcelamiento de CFK, se había erigido en la lucha contra la corrupción.

Este escenario confirma un signo de agotamiento político: la ciudadanía ya no solo cuestiona resultados, problemas económicos, inseguridad, desempleo; ahora también la integridad y transparencia de quienes gobiernan. La sospecha de corrupción profundiza la deslegitimación de un gobierno que, hasta hace poco, gozaba de cierto respaldo gracias al freno inflacionario, pero ahora podría verse debilitado ese capital simbólico.

Esto evidencia al menos tres tensiones que deben subrayarse: la desconexión entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, el efecto devastador de los escándalos en períodos críticos y la capacidad de respuesta institucional. En un año electoral, la exposición pública de corrupción erosiona rápidamente cualquier margen de confianza, especialmente entre votantes indecisos y sectores urbanos.

En términos de comunicación política, el gobierno enfrenta un dilema clásico: guardar silencio y esperar que el escándalo se diluya o confrontar de manera abierta y frontal. Sin embargo, ambos extremos implican riesgos. El silencio prolongado puede interpretarse como confirmación tácita de las acusaciones, mientras que una confrontación excesiva, teñida de agresividad, tiende a sobrerreaccionar y amplificar el problema en la agenda pública. 

La estrategia más adecuada sería una respuesta institucional, sobria y transparente, que priorice datos verificables, apertura de la información y cooperación con la Justicia. En otras palabras, no se trata de imponer un relato defensivo, sino de demostrar con hechos la voluntad de que se investigue hasta las últimas consecuencias.

Desde la teoría de crisis comunicacionales, la clave está en despersonalizar el conflicto, evitando que se convierta en un enfrentamiento “gobierno versus oposición” o “Milei versus los medios”, para presentarlo en cambio como un problema de integridad institucional que el propio oficialismo busca resolver. Ello permitiría reducir el daño simbólico y frenar la erosión de credibilidad en su núcleo de votantes.

El impacto electoral, sin embargo, puede sentirse con fuerza en la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso político y social del país. El caso Andis  puede ser interpretado como confirmación de una promesa incumplida: “acabar con la casta corrupta”. El oficialismo corre el riesgo de perder competitividad frente a una oposición que buscará capitalizar la indignación moral del electorado bonaerense.

En definitiva, la gestión de esta crisis no puede limitarse a la coyuntura mediática: requiere articular comunicación estratégica, transparencia y medidas ejemplares. Solo así el gobierno podrá contener la caída de legitimidad y evitar que la indignación ciudadana se traduzca en un quiebre electoral en el principal distrito electoral, en términos de votantes.

Dato: nota publicada en eleconomista.com.ar