Aconsejan suspender a vocales gremiales del IOMA que están investigados por estafas
Edición Impresa | 16 de Febrero de 2018 | 04:18

La Asesoría General de Gobierno de la Provincia aconsejó a las autoridades de IOMA que suspendan de sus funciones a dos vocales del directorio de la obra social bonaerense procesados por la Justicia en una causa que investiga su posible participación en estafas con internaciones domiciliarias y compra de prótesis y medicamentos.
Se trata de Patricia Viviana Nisenbaum y Luis Angel Pérez, quienes ocupan esos sillones en el directorio de IOMA en representación de los gremios Suteba y UPCN, respectivamente.
La resolución, a la que tuvo acceso EL DIA, tiene fecha del pasado 2 de febrero y lleva la firma de Patricio Blanco Ilari, titular del organismo de control desde diciembre de 2017. El el texto, el Asesor de Gobierno afirma que debido a “la gravedad” de los hechos investigados, “podrá la autoridad competente evaluar la procedencia de suspender preventivamente” a los vocales Nisenbaum y Pérez.
“Ello, ya que las pruebas reunidas en el proceso penal podrían constituir elementos suficientes para disponer la remoción de los vocales directores (...) razón por la cual resulta razonable adoptar una medida precautoria y facilitar una investigación de rigor”, agrega la resolución de Blanco Ilari.
De esa forma, el dictamen sugiere que la continuidad de los vocales representantes del gremio docente Suteba y UPCN en los sillones del directorio podría suponer un riesgo para la investigación que se abrió en la UFI del fiscal platense Alvaro Garganta.
Patricia Nisenbaum y Luis Pérez fueron procesados en octubre del año pasado junto a Antonia La Scaleia, ex titular de IOMA en la gestión de Daniel Scioli, otros 14 directivos de la obra social y dos empresarios, en el marco de la causa que investiga estafas millonarias a través de fraudes con internaciones domiciliarias, una maniobra que, entre 2013 y 2015, generó pérdidas al Estado por un monto de 650 millones de pesos, según estiman en la Justicia.
La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), que encabeza Idelmar Seillant, que luego se anexó a la causa abierta a partir de la presentación de Elisa Carrió por presuntos casos de corrupción y lavado de activos en la gestión de Scioli.
PROCESAMIENTO Y SOSPECHAS
En el auto de procesamiento firmado por Garganta se afirma que hay “indicios vehementes” de que entre mediados de 2013 y fines de 2015, por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y dos empresarios que conducían un grupo de cinco firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo.
Junto a La Scaleia y los 17 funcionarios y ex funcionarios de IOMA, según sostiene el fiscal platense, “crearon un circuito paralelo en relación al trámite de internación domiciliaria” en el que “direccionaron, autorizaron y abonaron” el servicio “a favor de las empresas sindicadas por un valor aproximado de 650 millones de pesos”.
“En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, sostiene el fiscal.
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