Tras su prohibición en Argentina, los galgueros se mudan a Uruguay

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Cada 15 días, decenas de argentinos cruzan con sus perros el puente que une Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, con Fray Bentos, en Uruguay, para participar de carreras de galgos que se realizan en el canódromo de esa localidad, denunciaron ayer activistas y legisladores.

“Hecha la ley, hecha la trampa. En Argentina están prohibidas las carreras y los actos previos, pero los actos previos son tales sólo si la carrera se hace en el país. Si el delito se concreta en otra jurisdicción ya no se pueden sancionar”, explicó Andrea López, abogada integrante de Proyecto Galgo Argentina (PGA).

La organización PGA impulsó en Argentina la ley 27.330, que fue aprobada por el Congreso nacional en 2016 y prohíbe las carreras de perros, su promoción y organización con penas que van de tres meses a cuatro años de prisión y multas desde 4.000 a 80.000 pesos.

En Uruguay la situación es diferente: si bien las carreras no están prohibidas, sólo en algunos departamentos están reglamentadas y en otros hay un “vacío legal”.

El primer canódromo del departamento uruguayo de Río Negro se inauguró a principios de febrero último en Fray Bentos, donde los galgueros uruguayos se reunieron previamente con las autoridades locales y acordaron la reglamentación de la actividad.

“Nos sentamos en la mesa de la intendencia y se nos dijo qué se necesitaba para desarrollar la actividad. En Argentina no se pudo hacer porque no hubo tiempo, salió la ley de prohibición”, dijo al canal uruguayo Telemundo Marcos Oyola, un organizador de carreras de galgos de ese país.

Las actividades previas a las carreras se siguen haciendo en Argentina. Aquí se organizan y promueven los próximas eventos, se crían y entrenan los perros y se les administran sustancias prohibidas.

“Lo más común es el famoso ‘maicito’, un polvo mezcla de arsénico y estricnina, que aumenta el metabolismo; también le inyectan vitamina Bsub12 con cocaína”, denunció Inés Sánchez, activista de PGA,

80.000 pesos
Es el monto de las multas que, junto a penas de hasta cuatro años de prisión, prevé la ley 27.330 aprobada por el Congreso nacional en 2016 para prohír tanto las carreras de perros como su promoción.

 

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