Avanza la ley que busca acelerar los procesos contra magistrados y funcionarios judiciales

La Cámara de Diputados bonaerense dio anoche el primer paso para agilizar el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, al aprobar una modificación a la ley de jury promovida por el Ejecutivo.

La iniciativa establece que los legisladores que integran el Jurado de Enjuiciamiento en caso de ser reelegidos para un nuevo período legislativo continuarán integrando dicho proceso para el que han sido designados, y no será necesario que vuelvan a sortearse, tal como sucede hoy.

También determina que el presidente del Jurado (el titular de la Suprema Corte) rija el órgano en todas aquellas denuncias o requerimientos que se hayan presentado durante su desempeño en la presidencia y hasta el final del proceso, más allá de que deje de presidir la Corte por el sistema de rotación que existe en ese órgano jurisdiccional.

El diputado de Cambiemos, Walter Carusso, destacó en el debate que “esta ley va a dar celeridad al proceso de enjuiciamiento, y garantías para los que fueron denunciados, ya que al tener procesos más rápidos se podrá saber con más rapidez si esa persona es culpable o inocente”.

“Hasta ahora, cada año cambiamos el presidente del Jury y eso retrasaba el proceso, ahora este proyecto prevé que va a intervenir el mismo juez de la Suprema Corte que la presidía al momento del inicio del jury”, apuntó.

La oposición cuestionó el “apuro” por tratar esta iniciativa que “no realiza cambios estructurales en el sistema judicial”.

“Es una ley parche y esconde que se busca un Poder Judicial disciplinado”, aseguró la diputada camporista Lucía Portos, quien sostuvo que “si no hay más presupuesto y discusión presupuestaria real (para el Poder judicial), no va a haber nunca buenos jueces y todos van a estar sometidos a esta discrecional ley de enjuiciamiento”.

El proyecto otorga también mayores atribuciones al titular del Jurado para resolver cuestiones que se presentan durante el proceso de juzgamiento de jueces y fiscales, y acorta los plazos para la recusación de sus miembros.

Prevé además que el apartamiento preventivo del funcionario denunciado podrá regir ahora “desde el momento en el que el Jurado admite la acusación”, teniendo en consideración “la necesidad de contar con funcionarios públicos intachables en el mientras tanto (es decir, en dicha etapa del proceso), que sean dignos de ejercer la magistratura y administrar Justicia”, según los fundamentos del proyecto.

La iniciativa, que ahora deberá ser votada en el Senado, forma parte del paquete de reformas en la Justicia que impulsa Cambiemos.