El fiscal insiste con el planteo para que no se deje salir del país al ex gobernador Scioli

El fiscal penal platense Alvaro Garganta insistió con su planteo para que se prohiba salir del país sin autorización judicial al ex gobernador Daniel Scioli, al ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Miller, a quienes investiga en la causa por la supuesta adjudicación irregular de obras durante la anterior gestión.

El pedido había sido elevado semanas atrás a la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia junto con el planteo para que los tres imputados sean inhibidos por 189.200.000 pesos, la cifra estimada por la acusación de las supuestas maniobras irregulares.

La jueza dictó, el miércoles pasado, la inhibición de bienes pero rechazó, en ese mismo movimiento, el planteo para que los imputados tengan vedado salir del país sin autorización judicial.

En el escrito, al que tuvo acceso EL DIA, Garganta señala que “a diferencia de la obligación general de constituir domicilio que recae sobre cualquier imputado, en el caso, la medida restrictiva solicitada constituye un condicionamiento adicional para el caso de que los imputados en ésta causa pretendan salir del país, que no le es exigible a cualquier otro imputado en otra causa”.

Por eso, pide a Garmendia que revoque la decisión adoptada y otorgue el recurso de apelación interpuesto y “eleve las presentes actuaciones a la Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental que corresponda”.

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.

Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.

En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona” y sostuvo que “todas las contrataciones” durante su gestión fueron realizadas “en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”. En su escrito, Scioli también negó que se haya “alterado” el procedimiento administrativo para la provisión de las UPAs en procura de “beneficiar a un proveedor determinado”.