Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso ayer el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.
Ayala quedó internada en un sanatorio de la capital chaqueña, informaron sus allegados.
El procesamiento con prisión preventiva de Ayala fue dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien también dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.
La misma medida fue aplicada a Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio, el resto de los imputados en la causa.
Así lo informaron fuentes judiciales que precisaron que la jueza ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de Ayala y del resto de los procesados.
La diputada, quien tenía previsto fundamentar ayer su pedido de eximición de prisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, no pudo presentarse debido a una indisposición por la que debió ser internada en la madrugada en un sanatorio de Resistencia, indicaron allegados de la diputada.
No obstante, su abogados defensores, encabezados por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.
pedido de desafuero y cargos
La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli.
Gil Lavedra consideró que es “arbitrario” el pedido de desafuero cursado por la jueza. En este sentido, señaló que la apelación presentada ayer por la mañana explica “las razones” por las cuales la defensa de Ayala entiende que “no hay ningún motivo” por el cual la legisladora “deba estar detenida”.
Ayala debería presentarse hoy ante la jueza Niremperger para ampliar su indagatoria.
Sin embargo, según indicó Gil Lavedra, ahora hace falta “que los médicos la autoricen, para que pueda aportar todas las pruebas que demuestran su ajenidad a los hechos que se le imputan”.
Afirmó además que no entiende por qué la investigación está en el ámbito de la Justicia Federal ya que hay “muchas dudas” sobre la comisión del delito de lavado de dinero que se imputa a la legisladora oficialista.
En la ampliación de la indagatoria dispuesta en el marco de esta causa, la jueza prevé apuntar al supuesto delito de lavado de activos “agravado por su habitualidad”, como así también a su posible responsabilidad como “miembro de una banda, en calidad de coautor”, indicaron fuentes judiciales.
En este expediente, también investiga a la diputada nacional por Chaco por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública”, todos en calidad de autor, y también por el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
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