Hoy se cumplen 65 días desde la última reunión paritaria salarial docente. La ausencia de una seguidilla de paros, como ocurrió el año pasado o, de forma mucho más brutal, en el 2014, hace que el conflicto aparezca, al menos para la mayor parte de la comunidad, en segundo o tercer plano. O directamente tapado. Pero los delegados de escuelas no dejan de advertir sobre el “profundo malestar” y la “bronca creciente” entre la docencia bonaerense. La pelea por el ingreso está latente. Aunque a menudo pase desapercibida.

Días atrás, un fallo judicial encendió las alarmas en algunos despachos oficiales. Es que el Tribunal de Trabajo Nº 4 le avisó al gobierno provincial que, mientras no se firme un nuevo acuerdo paritario, debe regir el último convenio que se suscribió, es decir, el del 4 de julio de 2017. Y le aclaró que no tiene que entrar en vigencia el arreglo de aumento de sueldo (del 21,5%), sino la cláusula de actualización automática de los salarios de los maestros de acuerdo al índice de inflación oficial, más conocida como cláusula gatillo.

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Peor aún. Si hay algo que las autoridades provinciales jamás tuvieron ni tienen en mente poner en la mesa de negociación con los docentes es la cláusula gatillo.

Los tres jueces del Tribunal de Trabajo indicaron que los ajustes sobre los haberes de los maestros y profesores deben realizarse cada 6 meses -en julio y enero- respetando el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec.

El gobierno salió rápidamente a decir que el fallo avalaba casi en un 100% lo actuado por la administración provincial, que los (tres) adelantos a cuenta de un futuro acuerdo paritario que abonaron “son más beneficiosos que la cláusula gatillo” y que, en ese marco, no estaban evaluando apelar el dictamen.

Pero si bien es cierto que el fallo le da la derecha al gobierno ante la denuncia de los gremios (Feb, Sadop, Amet, Udocba y Suteba) sobre supuesta “mala fe” a la hora de negociar y la “no entrega de la información solicitada” por las organizaciones docentes, que los adelantos a cuenta sean mejores que la cláusula gatillo “es una apreciación totalmente subjetiva del ministro (de Trabajo, Marcelo) Villegas. Y lo cierto es que si no apelan, en julio, mes que el dictamen judicial señala como el primero para aplicar la cláusula, el Ejecutivo entrará en desacato”, afirmó a este diario un delegado platense del Sadop.

Más allá de opiniones, lo cierto es que hay un fallo judicial y que debe cumplirse. Por lo tanto, observadores de la política bonaerense señalaron que “el gobierno salió con un discurso fuerte porque el hecho de que la Justicia le indique que debe aplicar la cláusula ‘prohibida’ tiene implicancias, sobre todo en un momento económico tan delicado. Pero en su momento tendrán que apelar”, anticipó un abogado laboralista con experiencia en el ámbito educativo.

Y esa apelación tendrá que hacerse efectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, pues cuando se pronuncia un Tribunal no hay instancia judicial ordinaria superior; sólo queda el recurso extraordinario ante la Suprema Corte, explicó el especialista en derecho laboral.

Con un paro general (el de mañana) al que adhieren todos los gremios docentes, una marcha a la Dirección de Escuelas para el jueves 28 en rechazo al “ajuste en los equipos de orientación escolar” (ver nota de página 20), una huelga de 24 horas (sin fecha) votada por los plenarios y congresos de los principales sindicatos y una posible movilización en La Plata como medida de protesta a corto plazo, el “patio” gremial está revuelto.

El gobierno reiteró esta semana, una vez más, que está evaluando una nueva oferta salarial, sin día ni hora de reunión. Es una pulseada por el ingreso. Y cada uno juega sus cartas.