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La norma, criticada por discriminatoria, declara al país “Estado judío” y reserva al pueblo judío el derecho a la autodeterminación. El hebreo, la única lengua oficial
Oren Hazan, diputado del Likud, se toma una selfie con el premier Netanyahu, tras la votación en Jerusalén / AP
Jerusalén
El Parlamento israelí aprobó en la madrugada de ayer, tras un acalorado y largo debate, la controvertida ley “Estado-Nación” que blinda el carácter judío del país, reserva el derecho a la autodeterminación a este colectivo y deja el hebreo como única lengua oficial, en medio de críticas que la califican de discriminatoria.
Tras más de diez horas de discusiones, la Kneset (Parlamento israelí) aprobó con 62 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones la Ley Básica, con rango constitucional, que declara a Israel como “el hogar nacional del pueblo judío”.
Según sus promotores, el objetivo es proteger la identidad judía del país; sin embargo, sus consecuencias, según sus detractores, será la discriminación de otras minorías, entre ellas, los árabes israelíes, palestinos que se quedaron dentro de las fronteras de Israel en 1948.
La protección del carácter judío del país incluye la preservación del himno Hatikva, la bandera blanca y azul con la estrella de David en el centro, una menorá (candelabro judío) como símbolo del país y el hebreo como lengua estatal, y relega al idioma árabe, hasta ahora oficial, a “una categoría especial”.
La ley también declara Jerusalén como capital de Israel y al calendario hebreo como el oficial del Estado.
“Es una ley dramática desde el punto de vista jurídico”, explicó Gay Luria, abogado del Instituto Israelí de Democracia. Si bien todas las cláusulas de la ley eran praxis común, en el momento en que son legitimadas por una Ley Básica “se despoja al Estado de la defensa frente a atropellos discriminatorios”, analizó Luria.
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La normativa también incluye que el Estado impulse “el desarrollo de las comunidades judías como de interés nacional” después de modificar el anterior articulado que permitía la creación de comunidades por religión y origen, y fue criticado por el presidente de Israel, Reuvén Rivlin, por “discriminatorio”.
Entre los críticos a la ley se oyeron voces en el Parlamento como la de la diputada del partido laborista de la oposición Unión Sionista, Shelly Yiajimovich: “Nadie se cree que al Gobierno le interese la nacionalidad ni el Estado de Israel”, y agregó que esta ley fomenta una forma “envilecida de nacionalismo que odia al otro”, según el diario Yediot Aharonot.
También desde la oposición, el diputado de Yesh Atid (Hay Futuro), Elazar Stern, consideró que la ley es un insulto a “nuestros hermanos drusos y beduinos que sirven con nosotros en el Ejército y en los servicios de seguridad”.
Además, hubo disenso dentro del Likud (derecha), el partido mayoritario de la coalición de Gobierno; Benny Beguin dijo que esa ley no era lo que él esperaba de su partido, y advirtió que podría provocar el aumento de la tensión social y el nacionalismo extremo.
Las reacciones más furiosas provinieron del lado de la Lista Árabe Unida. Inmediatamente después de la aprobación de la ley, algunos rompieron las copias de la misma en señal de protesta y, consecuentemente, fueron expulsados de la Cámara.
El parlamentario Ayman Odeh, perteneciente a ese partido, ondeó una bandera negra en el podio, en señal de duelo por la democracia israelí, que considera muerta.
“Se ha aprobado una ley de supremacía judía y nos ha comunicado que siempre seremos ciudadanos de segunda clase”, declaró Odeh sobre el 20% de la población que constituye la minoría árabe.
Por su parte, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) calificó el texto como “peligroso y racista por excelencia”.
En tanto, la Unión Europea expresó su “preocupación” y aseguró haberla trasladado al Gobierno israelí.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió la aprobación como “un momento decisivo en la historia del sionismo y del Estado de Israel”. “Hemos consagrado en la ley el principio básico de nuestra existencia”, afirmó.
En este marco, el presidente palestino, Mahmud Abbas, reivindicó a Jerusalén como “capital eterna del Estado de Palestina” en respuesta a la Ley de Nación-Estado judía aprobada ayer.
Abbas afirmó que esta nueva norma “no cambiará la situación histórica de Jerusalén como capital del Estado palestino ocupado”. Asimismo, consideró que la nueva normativa “es una de las formas de conspiración” contra la “causa nacional” palestina. (EFE, AFP y AP)
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