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En Berisso hubo un tenso encuentro entre funcionarios y comunidades educativas. Anoche identificaron a otra menor por dos amenazas
El encuentro entre funcionarios y las comunidades educativas de Berisso fue muy tenso / Sebastián Casali
Gritos, reproches y mucha bronca: en Berisso, el encuentro pautado para abordar la epidemia de amenazas de bomba que jaquea a escuelas de la Región terminó al filo del escándalo. Los padres, cansados de la falta de soluciones ante un problema que les hace perder horas de clases a los chicos y los expone a distintos peligros por las recurrentes salidas a la calle, estallaron de indignación. Fue cuando autoridades judiciales, municipales, policiales y educativas intentaron esbozar una explicación de lo hasta aquí actuado y de los pasos a seguir, razones que estuvieron lejos de convencen a las comunidades educativas.
El encuentro se realizó en el club Almafuerte de 8 y 156N. Estuvieron Cecilia Corfield, titular de la UFI 15 y una de las fiscales que investiga estas intimidaciones; el juez de Garantías Juan Pablo Masi; el comisario Jorge Carballo, jefe del Gabinete de Delitos Informáticos de la DDI La Plata; la inspectora jefa distrital de Educación, Patricia Morales, y funcionarios de la comuna berissense.
Unas 250 personas participaron de la reunión, que fue mucho más tensa de lo esperado. Los padres, indignados por los trastornos cotidianos que les acarrea cada amenaza de bomba en las escuelas, plantearon incontables reparos, y reprocharon a las autoridades educativas la falta de medidas para ponerle fin a la ola de intimidaciones.
Se escuchó a padres decir que sus hijos llevaban ya un mes sin clases, o que “entran a las 13 y salen a las 13.20” por las amenazas; que “pasan frío” porque las evacuaciones son en la vía pública y en espacios poco seguros para los menores; y hasta hubo quien planteó que los funcionarios que “se sientan sobrepasados” por la situación “deberían renunciar”. Además, docentes expresaron su inquietud por la responsabilidad civil que les cabe ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante las evacuaciones.
“Veo que solución a este problema no hay, tenemos que seguir con los chicos en la calle esperando que alguien se canse de hacer los llamados. Mi preocupación es cómo le garantizamos la educación a nuestros chicos, que es a lo que nosotros nos importa”, dijo la mamá de una alumna de la escuela 3 de Berisso.
Entre cruces y recriminaciones, el bullicio dominó durante buena parte del encuentro. Las intervenciones de los funcionarios eran cortadas recurrentemente por los gritos de desaprobación de los padres y docentes que participaban de la jornada.
“Nuestra mayor preocupación y ocupación son los chicos”, dijo Patricia Morales, inspectora jefe distrital de educación, y enseguida fue cortada por el griterío: “¡No se nota!”, le respondieron.
Entre otros aspectos, la funcionaria comentó que se está trabajando para adecuar el plan de evacuación, para que los alumnos tengan salidas más seguras, y que se gestionaron diferentes espacios, como clubes e iglesias, con el fin de que los alumnos puedan estar bajo techo mientras duran las inspecciones. “Estamos trabajando pero no tenemos soluciones inmediatas”, admitió.
Según las cifras aportadas por la fiscal Corfield, la semana pasada, entre La Plata, Berisso y Ensenada hubo 56 amenazas de bomba en tres días. Y destacó que “De Berisso ya tenemos allanados e identificados (a un menor) que hizo nueve llamados, a otro que hizo tres llamados y a otro que hizo cuatro llamados en distintos colegios”.
La fiscal, vale aclararlo, tiene sólo algunos de los expedientes que tramitan en la Región por amenazas de bomba. El resto, está distribuido entre las distintas fiscalías platenses, por lo que piden unificar las causas.
Precisamente, uno de los reclamos de los padres fue la “falta de coordinación”, no sólo hacia el interior de la Justicia sino entre los distintos poderes y áreas implicados.
Sobre el procedimiento, Corfield señaló: “Recibe el llamado el 911. Una vez que nos informa a nosotros, pedimos el número de teléfono a la compañía a la que pertenece. Tarda tres, cuatro, cinco o diez horas en responder la compañía (dependiendo de la empresa de telefonía” y luego se puede avanzar en el allanamiento para incautar el celular del que se hizo el llamado.
Aclararon que hasta ahora los autores han sido menores, por lo que es poco lo que se puede hacer. No obstante, las comunas o el ejecutivo judicial puede accionar judicialmente contra los padres para que se hagan cargo de los costos del operativo.
Por otro lado, fuentes de la cartera educativa confirmaron que el director de la Secundaria 2 de Berisso, quien generó una polémica por haber demorado una evacuación, fue “separado preventivamente del cargo” mientras se realiza la investigación administrativa. “No se lo echa, está separado mientras dure la investigación para determinar porqué actuó como lo hizo”, explicaron voceros oficiales.
Ayer, vale aclararlo, no fue la excepción y hubo casi una decena de amenazas de bomba en distintas escuelas de la Región.
Por otro lado, anoche personal de la comisaría primera de Berisso realizó un allanamiento en una propiedad de 171 entre 27 y 28 de esa localidad, donde secuestraron el teléfono celular desde el cual se hicieron llamadas intimidatorias a dos escuelas, la Media 1 y la Técnica 2. La sospechosa es una menor de 17 años, que fue identificada.
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