Cristina denunció uso de tóxicos en un allanamiento pero la policía lo negó

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de la Policía Federal mantuvieron ayer un cruce verbal sobre el supuesto uso de tóxicos durante el allanamiento a una propiedad de la también senadora por la causa judicial en la que está acusada de liderar una red de corrupción integrada por ex funcionarios y empresarios.

El jefe de la Federal, Néstor Roncaglia, negó el uso de un “tóxico de contacto” durante la inspección realizada la semana pasada al departamento de Recoleta que, según el relato de un arrepentido en la investigación del juez Claudio Bonadío, fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios al gobierno de Cristina y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner, para obtener obras públicas.

“No se usó ningún tipo de químico... No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista”, señaló Roncaglia al canal de cable Todo Noticias. “El personal que actuó es súper profesional... nadie sacó ni puso nada que no corresponda, se actuó conforme al derecho”, agregó.

La ex presidenta había difundido previamente un comunicado en las redes sociales firmado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que denunció que empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado “sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar”.

El letrado indicó que por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató “que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto”.

El abogado indicó que su representada no ha podido regresar a su domicilio a causa de lo ocurrido y denunció otras supuestas irregularidades, como que se le impidió controlar el allanamiento como abogado defensor.

Además del departamento porteño, fueron revisadas en los últimos días otras dos propiedades de Cristina en la sureña provincia de Santa Cruz.

La ex presidenta denunciará ante la CIDH que se han “avasallado” sus derechos

Por su condición de legisladora el juez Bonadío tuvo que obtener la autorización del Senado para allanar las tres propiedades bajo la sospecha de que en esos lugares la ex mandataria podría haber ocultado pruebas provenientes de los presuntos sobornos.

Cristina puede ser investigada y juzgada pero no detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la Justicia solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

La senadora por la Provincia ha puesto en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que -según versiones de la prensa con acceso a la causa judicial- confesaron el pago de sobornos y afirmaron que Cristina estaba al tanto y que parte del dinero recaudado era enviado a la provincia de Santa Cruz.

La ex presidenta denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se han “avasallado” sus derechos durante los registros realizados en los últimos días en sus domicilios, informó ayer a Efe uno de sus abogados, Gregorio Dalbón.

El letrado explicó que está recopilando datos sobre los operativos ordenados por el juez Bonadio, y que él mismo viajará a Washington “seguramente esta semana” a la sede de la CIDH.

“Les daré el informe y solicitaré veedores y una visita para que puedan observar cómo estaba el lugar antes y cómo quedó después”, añadió Dalbón.

En concreto, el “dato principal” para considerar que se han “avasallado” los derechos humanos de la actual senadora es que la comitiva que llegó el pasado jueves a la vivienda para realizar el registro -que duró 12 horas- expulsara de la misma a Beraldi. “Echar al abogado, que fue el que abrió la puerta para que el allanamiento se practique, es realmente avasallar los derechos humanos”, añadió Dalbón.