Crisis política en Perú, con dos presidentes y un Congreso disuelto pero funcionando

Perú vivió hoy una jornada singular, conmovido por una crisis política sin precedentes en la que coexisten dos presidentes y un Congreso disuelto que se resiste a dejar de funcionar, y que, sin embargo, tuvo un impacto muy moderado sobre las variables económicas y la vida cotidiana.

El inédito conflicto de poderes sorprendió también a la comunidad internacional, que solo se expresó a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que llamaron a buscar soluciones constitucionales y pacíficas sin tomar partido.

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El presidente Martín Vizcarra solo se mostró en público al tomar juramento al nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, quien sucedió a Salvador del Solar, pero hasta bien avanzada la tarde no había hecho declaraciones.

Tampoco las había hecho la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien anoche juró como jefa del Estado ante la mayoría parlamentaria que votó la suspensión de Vizcarra.

Por la mañana, el foco estuvo puesto sobre el Congreso unicameral, donde legisladores y funcionarios del Ejecutivo mantuvieron varias reuniones.

Varios congresistas defendieron el derecho de trabajar al menos a la Comisión Permanente del parlamento, integrada por las autoridades y representantes de las diversas bancadas -27 miembros en total- y que, según la Constitución, debe continuar en funciones aun con el Congreso disuelto.

“En este momento hay muchas consultas que se están dando; el evento es claramente de ruptura del orden constitucional; por el momento soy presidente de la Comisión Permanente”, afirmó el hasta ayer titular del Congreso, Pedro Olaechea, en rueda de prensa.

Pese a declararse a cargo de la Comisión Permanente, Olaechea rechazó la disolución del Congreso y prometió acciones que aún no estaban resueltas: “Tenemos una serie de acciones, pero estamos evaluando cuáles queremos tomar”, advirtió, según recogieron el diario limeño El Comercio y la agencia de noticias EFE.

Por su lado, los congresistas Marco Arana y Justiniano Apaza, del Frente Amplio izquierdista, denunciaron ante el Ministerio Público a Aráoz, Olaechea y otros legisladores por presunta usurpación de funciones.

Arana justificó su demanda en que “un Congreso disuelto no tenía atribuciones para juramentar a una congresista como presidente”.

Mientras tanto, Lima pareció vivir una jornada habitual, excepto por las restricciones para ingresar a la zona céntrica, donde están el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso.

En los mercados financieros, la cotización del dólar aumentó 0,74% debido a la incertidumbre sobre la situación institucional pero el valor de los bonos de la deuda peruana ganó seis puntos básicos, según el diario económico Gestión.

En ese contexto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó en un comunicado que “es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales”, lo que pareció un aval a Vizcarra.

No obstante, advirtió que “compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución”.

A su vez, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) opinó que los hechos en Perú son “delicados” y subrayó que “cualquier solución a la que se llegue debe ser esencialmente democrática”.

Vizcarra dispuso ayer la disolución del Congreso, invocando una facultad que le confiere la Constitución, y llamó a elecciones para su nueva integración para el 26 de enero próximo.

La carta magna faculta -no obliga- al presidente a disolver el parlamento una vez que este haya denegado confianza al gabinete del Ejecutivo por segunda vez en un mismo período de gobierno.

El Congreso nombró un juez del Tribunal Constitucional antes de debatir la moción de confianza que Del Solar había solicitado en relación con un cuestionamiento del Ejecutivo a ese mismo proceso, por lo que Vizcarra interpretó que se le denegó implícitamente el respaldo al gabinete.

Inmediatamente después de que el mandatario anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones, el parlamento, con mayoría simple, resolvió suspender por un año a Vizcarra y tomó juramento a Aráoz.