Megacausa: cerraron la investigación y se encamina al juicio con 15 acusados

“El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York”, dice el proverbio chino sobre el que se basó la teoría del caos conocida como “efecto mariposa”. No fue precisamente un aleteo pero sí tres tiros en el hall de un edificio de La Loma los que, 8 años después, causaron un tsunami en el poder judicial de La Plata, con un juez que terminó preso, un camarista al que los fueros lo zafaron de la cárcel pero no de un jury; y otros dos funcionarios salpicados por una causa que, por su dimensión, se ganó el apodo de “mega”.

Ayer, casi 9 años después de aquel tiroteo que el 1 de diciembre de 2010 mató a Juan Roberto Farías en 44 entre 26 y 27, la fiscal que investigó el homicidio, Betina Lacki, cerró el sumario del expediente con 15 imputados, entre ellos el ex juez César Melazo, el ex barra de Estudiantes -y empresario de la noche- Rubén “Tucumano” Herrera y el sindicado operador judicial Enrique “Quique” Petrullo, entre otros.

La sospecha es que todos formaron parte de una asociación ilícita que tenía por objetivo cometer todo tipo de delitos, con supuesto amparo judicial y policial.

Con el cierre de la etapa probatoria la pelota quedó ahora en el terreno de las defensas, que tienen un plazo para pedir la revisión. Si lo hacen, habrá que esperar a que resuelva la Fiscalía General. Y a partir de ese momento se formalizará la elevación a juicio.

Lacki empezó a investigar el crimen de Farías en 2014, ya que al primer fiscal -Tomás Moran- lo desplazaron después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares a través de un abogado de La Plata para desligarlo de la causa. Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado en una instrucción que se desprendió de la megacausa. La hipótesis de Lacki es que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”. El robo sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de la Plata, entre cuyos invitados resaltaba Melazo.

Los delincuentes entraron haciendo un boquete en el techo de la casa y forzaron una caja fuerte en la que había 60 mil pesos, alhajas y documentación. La hipótesis es que fue Farías quien desoyó la orden de los jefes y éstos quisieron generar una sanción ejemplificadora, además de sacarle la plata, claro.

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Después de cuatro años de una investigación que Lacki encaró junto a un pequeño grupo de la Policía Federal, consciente de que la mínima filtración podía ser letal para la causa, en julio de 2018 se hicieron los primeros 18 allanamientos y nueve detenciones, entre ellas las de tres policías y hasta el hermano de un ex futbolista famoso, aunque el verdadero escándalo estalló un mes después, con la captura de Melazo, Herrera y Petrullo.

Además de ellos tres, los imputados detenidos son el ex comisario de la Segunda de La Plata, Gustavo Abraham Bursztyn; el ex policía Gustavo Gregorio Mena; Javier Maximiliano Ronco (que estaba con domiciliaria por el doble crimen de una pareja en el camino negro); Ángel Custodio “Pipí” Yalet; el ex policía Adrián Oscar “Quichua”Manes; Carlos Jorge Bertoni (hermano del ex futbolista, Daniel); Martín Ezequiel “el gaucho” Fernández; y Héctor Alfredo “Pepe”Vega:

Carlos “Macha” Barroso Luna, Marcos Chiusaroli y Jorge Gómez de Saravia, alias “El Fiscal” siguen procesados en la causa, pero recuperaron la libertad.

El otro nombre pesado en este expediente es el del ex titular de la Sala V del tribunal de Casación, Martín Ordoqui, para quien la fiscal Lacki también pidió la detención, que no avanzó por el resguardo de los fueros.

En medio del tembladeral del año pasado Ordoqui fue apartado del cargo y se abrió un proceso por el que hace casi dos meses el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense lo suspendió en sus funciones hasta el final del jury y le trabó un embargo sobre el 40% del sueldo. Es el primer funcionario de Casación en pasar por esa instancia.

Según figura en la causa, “Ordoqui se comprometió, a cambio de un monto de dinero, a interceder ante sus pares de otra sala de Casación para obtener la revocación de la denegatoria a un pedido de morigeración de una medida de coerción en favor de Javier Ronco (el imputado por el doble crimen).

La decisión de rechazar el beneficio resuelta por el Juzgado de Garantías 5 fue confirmada por la Sala 1 de Casación, tras lo cual un hombre con “contactos en el ámbito judicial”, el “Tucumano” Herrera “utilizó su influencia para vincular a Ronco con Ordoqui, quien a cambio de una suma no determinada, y valiéndose de su cargo como juez de Casación utilizó los medios a su alcance para influenciar a sus colegas , con quienes tenía relación diaria por su misma condición”, argumentó la Procuración. Así, “la Sala I del órgano casatorio, integrada por (Daniel) Carral y (Víctor) Violini revocó la resolución de cámara” y le otorgó a Ronco la prisión domiciliaria con monitoreo, pese a ser muy joven, gozar de buena salud y tener la pena máxima como expectativa de condena. Se presume que pagó 2 millones de pesos por ese beneficio.

Fuentes judiciales aclararon ayer que se va a desdoblar la causa hasta que se defina el juicio político de Ordoqui.

coletazos

Tan grande fue su impacto, que de las evidencias de las megacausa se desprendieron otras35 investigaciones paralelas.

Una de ellas es la que tiene como imputado al ex fiscal Moran, sospechado de haber cometido los delitos de “concusión (en este caso pedir dinero para mejorar la situación de un imputado, Ronco), encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La causa sumó una nueva procesada: la relatora de Casación bonaerense, María Constanza Fonrouge, quien tenía el pliego aprobado para ser jueza y trabajaba en la Sala V, de Ordoqui, fue acusada de falso testimonio.

También se comenzó a invesigar la presunta concesión de favores judiciales a cambio de dinero por parte de Ordoqui y su ex secretaria Eugenia Mercado; quien está detenida en este expediente, igual que Petrullo y Ariel Heine.

Y hay más. Durante la investigación la fiscal encontró material que salpica a un juez que estuvo en funciones hasta fines de septiembre, Juan Pablo Masi. Descubrieron conversaciones suyas con “El Tucumano” Herrera, que permiten sospechar que intercedía ante autoridades policiales para que custodien los boliches del ex barra con maniobras no blanqueadas. La Procuración bonaerense ya pidió el jury para Masi, quien fue separado de su despacho por una licencia forzosa de 90 días que le dictó la Suprema Corte.

En definitiva, la megacausa abrió una verdadera caja de Pandora que superó los alcances de la presunta asociación ilícita a la que se le adjudican responsabilidades con escruches y operaciones de tráfico de estupefacientes, con protección policial, cobertura en los Tribunales y beneficios excarcelatorios pagados con dinero sucio.

Por el homicidio de Farías están imputados Manes; Fernández; Vega; y Barroso Luna. Estos comparten, además, los cargos del resto, entre los que se destaca el de “asociación ilícita para cometer delitos”.