Polémica por escrituras sociales en la Provincia
Edición Impresa | 2 de Noviembre de 2019 | 02:00

La posibilidad de que la Escribanía General de Gobierno comience a perder atribuciones en los procesos de regularización dominial y entrega de escrituras sociales, encendió luces de alerta no sólo entre los trabajadores sino también entre los propios funcionarios del organismo provincial.
Ocurre que, según trascendió, el Colegio de Escribanos de la Provincia junto con el Registro de la Propiedad y algunos municipios, comenzaron a firmar convenios para que escribanos particulares se hagan cargo del trámite.
En medio del debate también reaccionó la propia Escribanía. Su titular, Marcos Rospide, envió una nota al Colegio de Escribanos para que informe acerca de los alcances de los convenios “ante la creciente preocupación de los empleados y las entidades que los nuclean”
“Nos oponemos porque la actual normativa establece que el único organismo que tiene atribuciones y competencias para realizar esos trámites es la Escribanía General de Gobierno”, le dijo a este diario Pedro Fernández, titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), el gremio que nuclea a los trabajadores del organismos.
El sindicato sostiene que con esos convenios estarían peligrando fuentes de trabajo en la Escribanía. Pero además, señala que el trámite oficial es gratuito, mientras que con la intervención de escribanos particulares, el costo deberá ser asumido por los municipios.
“Además, estamos ante la posibilidad de eventuales pérdidas de atribuciones de la Escribanía General”, dicen desde APOC.
Las escrituras sociales son las que el Estado entrega en forma gratuita a sectores de escasos recursos. En general se trata de propiedades construidas en terrenos fiscales que fueron ocupados y que nunca lograron su regularización dominial.
CONVENIOS
“Con estos convenios entre el Registro de la Propiedad, escribanos particulares y municipios para hacer las escrituras, se está menoscabando el rol de la Escribanía”, señaló Fernández.
“Por eso exhortamos a las máximas autoridades provinciales a que exijan tanto a los municipios como al Registro de la Propiedad y al propio Colegio de Escribanos a que se abstengan de entrometerse en atribuciones expresamente establecidas por leyes provinciales”, concluyó.
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