Con presos en huelga de hambre, la Corte pidió medidas contra la superpoblación en las cárceles

Por JOSÉ MALDONADO

jmaldonado@eldia.com

La Suprema Corte de Justicia emitió ayer una resolución en la que pide a los jueces bonaerenses que hagan un “uso razonable” de la prisión preventiva al considerar el “gravísimo panorama de las condiciones de detención” en la Provincia. La postura de los jueces se conoció ayer en medio de la huelga de hambre que llevan adelante unos 11 mil presos repartidos en unos 30 penales para denunciar el hacinamiento y la superpoblación, que según las cifras oficiales ya supera el cien por ciento.

En duros términos, el máximo tribunal de la Provincia dictó la resolución a partir del planteo que había presentado en octubre pasado el Defensor de Casación Mario Coriolano, en el que se denunció un agravamiento de las condiciones de detención y la superpoblación. En la resolución, la Corte envía mensajes a los jueces y también al Poder Ejecutivo bonaerense y Legislativo bonaerense, a quienes pide que dispongan medidas para atender la crítica situación en las cárceles y comisarías bonaerenses, agravada en los últimos meses por problemas en la provisión de alimentos por demoras en los pagos a proveedores, según denuncian organismos de Derechos Humanos.

El gobernador Axel Kicillof se había referido a la crítica situación de las cárceles en su discurso de asunción. Allí, dijo que en la provincia de Buenos Aires hay 49.567 detenidos alojados en cárceles con una capacidad total de 24 mil plazas. La superpoblación en comisarías es aún más grave, ya que llega al 160 por ciento. Según los tribunales bonaerenses y los organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la CIDH, en la Provincia hay una “crisis humanitaria” en esta materia.

Ayer, desde el Ejecutivo bonaerense confirmaron que unas de las emergencias que pedirán a la Legislatura que se declaren será la penitenciaria. (Ver aparte)

La conformación de una “mesa de diálogo” fue una de los planteos de la Corte en las resoluciones que se dieron a conocer ayer temprano. El Tribunal primero “recuerda” a los jueces “la absoluta prohibición de alojamiento de menores y enfermos en dependencias policiales, a lo que debe añadirse las mujeres embarazadas. Y pide al Ejecutivo que “arbitre los medios necesarios” para que esto se cumpla. También destaca que “en forma urgente” se atienda la situación de los detenidos en comisarías “clausuradas, con cierre o inhabilitadas a tal efecto”. Además, la Corte reiteró “la importancia del uso racional de la prisión preventiva, del uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico”.

También pide “promover a través del Poder Ejecutivo el alojamiento de detenidos en unidades penitenciarias federales o de otras provincias”, a cuyo efecto se deberán suscribir e implementar los convenios que fueren necesarios, para el universo de población que no recibe visitas”.

MUJERES EMBARAZADAS Y NIÑOS

En tanto, en una segunda resolución, el Tribunal que preside Eduardo De Lázzari hace foco en la situación de mujeres embarazadas y madres con niños alojados en centros de detención.

También a partir de la presentación de Coriolano, la Corte bonaerense dictó una “norma práctica” para la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estos casos. En concreto, los jueces deberán a partir de ahora “motivas con suficientes fundamentos de hecho y de derecho la decisión sobre la alternativa, morigeración o atenuación o prisión domiciliaria, permitiendo conocer las razones por las que se brinda -y especialmente cuando se deniega- a la mujer el trato más favorable previsto por el sistema jurídico”.

Según el documento presentado en octubre por el Defensor de Casación Coriolano, hay varias razones que explican el fuerte incremento que viene teniendo la población carcelaria de la Provincia. Entre otros, la “sobredimensión de aprehensiones”, la “aplicación excesiva de la prisión preventiva”, un “alto rechazo a las medidas alternativas o morigeradoras” de la prisión y la “inadecuada administración de dispositivos de monitoreo electrónica”, como las tobilleras.