Kicillof pide facultades para congelar tarifas eléctricas y de transporte por seis meses

José Maldonado

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El gobierno bonaerense anunció ayer que pedirá a la Legislatura facultades para suspender los aumentos de las tarifas eléctricas y de transporte por un plazo de seis meses a partir del próximo 1º de enero y para una revisión integral de los contratos de obras y servicios en la Provincia.

Las medidas forman parte de un paquete de emergencias que también implica la prórroga del Presupuesto y la Ley Impositiva 2019 -al menos para la primera parte de 2020- y un permiso para renegociar la deuda con proveedores y tenedores de títulos públicos.

El anuncio fue ayer al mediodía, pocas horas después de que se conozca el paquete de medidas económicas del gobierno nacional. Los voceros fueron la vicegobernadora Verónica Magario, el Jefe de Gabinete Carlos Bianco, el ministro de Hacienda Pablo López y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín. Axel Kicillof, por esas horas, estaba reunido junto al resto de los gobernadores con el presidente Alberto Fernández por el pacto fiscal.

En conferencia de prensa, adelantaron los lineamientos del proyecto que el Ejecutivo giró a la Legislatura horas más tarde, para declarar el estado de emergencia económica, social, productiva y energética. Además, la norma pide prorrogar las emergencias que había declarado la ex gobernadora María Eugenia Vidal: seguridad, penitenciaria y administrativa, entre otras.

La movida supone el primer gran desafío político para la gestión de Kicillof, que necesita sí o sí que Cambiemos acompañe con los votos en la Legislatura. Ayer, desde la oposición ya avisaron que no habilitarán el tratamiento esta semana.

En el anuncio, Bianco repitió el diagnóstico crítico sobre el estado de las cuentas de la Provincia por el peso de la deuda en dólares, con primeros vencimientos en pocas semanas. (Ver aparte).

La emergencia energética fue uno de los capítulos centrales. La Provincia plantea la suspensión de los aumentos tarifarios a partir del 1° de enero de 2020 en materia de servicios de distribución de energía eléctrica. El congelamiento que Kicillof pide a la Legislatura permiso para aplicar, que también inclurá al servicio de transporte público, sería por 180 días, pero con posibilidad de prorrogarse por dos años.

Durante ese plazo, el gobierno bonaerense también pide facultades para renegociar todo el esquema tarifario en vigencia, que Kicillof viene cuestionando desde que inició su desembarco en la Provincia. Sería, según explicaron a EL DÍA fuentes del Ejecutivo, una “revisión integral extraordinaria” que alcanzaría a Edelap, Edenor y Edesur (que operan en el Conurbano) y las distribuidoras y cooperativas del interior. “Se pondrá la lupa en los costos, los gastos, las inversiones comprometidas y las que efectivamente se realizaron”, dijeron desde el Gobierno.

“Los aumentos tarifarios fueron del 2000 por ciento en los últimos cuatro años y paralelamente estas empresas de transporte y distribución de energía eléctrica obtuvieron desde el 2017 ganancias por 20 mil millones de pesos de ganancias”, cuestionó Bianco.

El gobierno de Kicillof quiere revisar todo el marco regulatorio de las actuales concesiones y de Edenor y Edesur, transferidas por el Estado nacional a la Provincia. Con todo, Bianco esquivó definiciones sobre si buscarán dar marca atrás con ese traspaso. Por lo pronto, la Provincia reclamará la presidencia del ente de control de esas dos empresas, que compartirá con la Ciudad de Buenos Aires.

En otro capítulo de la declaración de emergencia, el Ejecutivo pide autorización para revisar todos los contratos de obras y de bienes y servicios que tiene la Provincia. El planteo está fundamentado en la existencia de múltiples contratos en suspenso y obras frenadas o paralizadas, según detalló Bianco.

En materia impositiva, la Provincia planteará una prórroga de la ley fiscal 2019, pero además avanzará con un programa de emergencia dirigido a las pymes y pequeños y medianos productores, a quienes se les ofrecerá a través de ARBA un régimen de regularización de deudas por obligaciones fiscales vencidas al 31 de diciembre, que podrán cancelarse en cuotas sin interés.

El proyecto declara la emergencia social, económica, productiva y energética