Reclamo de un ayudante de cátedra de Alberto F. en otra causa contra Báez

El proceso que ya lleva 5 años por facturas truchas y un presunto lavado de activos iniciado en la ciudad de Bahía Blanca y que vincula al empresario cercano a los Kirchner Lázaro Báez por cientos de millones de pesos, sufriría una nueva postergación por una presentación del abogado de un ejecutivo de la financiera involucrada en la operación bajo sospecha. Se trata de Adrián Martín Rois, ayudante de cátedra del presidente electo, Alberto Fernández en la UBA, según informó el diario La Nación.

El expediente llegó a los tribunales bahienses después del contundente triunfo del candidato presidencial del Frente de Todos en las PASO.

El juez de la causa, Walter López da Silva, le dio lugar a la presentación del letrado y en consecuencia, el fiscal federal Antonio Castaño pidió una nueva batería de medidas de pruebas, entre ellas, un peritaje contable que deberán desarrollar profesionales de la Corte Suprema, además de más oficios a los registros de la propiedad y consultas a la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP). Así, estiman, se estirará otro año más las situaciones procesales de los acusados.

La investigación comenzó en 2014 y apuntó a una presunta asociación ilícita tributaria que un grupo de empresarios habría desarrollado en Bahía Blanca con movimientos contables por más de $600 millones, en directa vinculación con la causa Vialidad, en la que desde Comodoro Py se investiga si Austral Construcciones y otras empresas de los Báez (padre e hijo Lázaro y Martín) habrían sido beneficiados de manera irregular con contratos de obra pública, según consta en la nota del matutino porteño.

Rois, además de ser un reconocido penalista de la Ciudad de Buenos Aires, cumple funciones en la facultad de Derecho de la UBA como profesor de la cátedra sobre Teoría del Delito, que lidera Alberto Fernández, en la Facultad de Derecho de la UBA. También trascendió que en el 2016 Sergio Massa lo nombró como su asesor en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso.