Prisión domiciliaria, autos de lujo y un pedido de extradición
Edición Impresa | 9 de Febrero de 2019 | 03:29

Marcelo Balcedo está detenido en Uruguay desde el 4 de enero de 2018 acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. Luego de varios meses en prisión, en diciembre pasado, la Justicia de ese país le concedió la prisión domiciliaria y vive en la lujosa estancia conocida como “El Gran Chaparral”, donde ya estaba alojada su esposa, Paola Fiege, la primera que pudo salir de la cárcel.
Al momento de ser detenido las fuerzas de seguridad encontraron un arsenal y vehículos de lujo. Uno de los autos que hallaron es un Mercedes Benz SLR McLaren plateado. Fabricado por la compañía alemana entre 2003 y 2009 cuesta cerca de USD 490.000. Otro de los vehículos es una Ferrari California de color rojo, un modelo que la icónica fabricante italiana de autos de lujo empezó a vender en 2009 y cuesta unos USD 200.000.
También tenía en su garage un Porsche 718 Boxster S, un clásico de la compañía alemana que cuesta unos USD 70.000.
Balcedo tiene un pedido de extradición aprobado pero no vendrá a la Argentina por varios años: la jueza de Uruguay María Elena Mainard supeditó el traslado a la culminación del proceso en su contra en ese país por los delitos de lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y apropiación indebida.
En tanto, la Cancillería argentina apelará la decisión. El organismo diplomático hizo dos presentaciones ante la justicia uruguaya -a través de la embajada argentina en Montevideo-, una por la solicitud de extradición de Balcedo y la otra por la investigación en curso impulsada por la Fiscalía de Maldonado.
Precisó que el objetivo de ambas presentaciones es “garantizar que los bienes que habrían sido obtenidos ilícitamente por Marcelo Balcedo y Paola Marina Fiege, como resultado de actividades delictivas perpetradas en nuestro país (Argentina), sean restituidos oportunamente en el marco de lo que disponen los convenios internacionales vigentes entre Argentina y Uruguay”.
“Dicha solicitud fue realizada por las autoridades judiciales argentinas competentes, con el fin de reparar los daños causados a las numerosas víctimas de los eventuales delitos”, agregó.
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