El drama del aborto a la nena de 11 años violada en San Juan

La niña de 11 años que estaba embarazada tras ser violada por su padrastro en San Juan fue sometida ayer a una intervención quirúrgica para interrumpir ese embarazo porque “corría riesgo su vida debido a su edad y además era su derecho después de ser víctima de una violación”, según indicó la asesora de Menores del gobierno provincial, Patricia Sirera.

“El aborto legal fue realizado en el hospital Guillermo Rawson” de la capital provincial, informó por su parte el Ministerio de Salud Pública sanjuanino, y precisó que “la práctica médica fue realizada favorablemente”.

Además, indicó que la niña se encontraba internada, “en recuperación y acompañada y contenida por el equipo interdisciplinario de profesionales”.

En tanto, en torno a la investigación por el ataque sexual, el juez Benito Ortiz dijo que el padrastro de la niña “se encuentra detenido imputado de violación”, y señaló que la madre era “sometida a estudios mentales para determinar su posible imputabilidad”.

El magistrado señaló que “el juzgado ya cuenta con algunas pruebas testimoniales y periciales”, y remarcó que “se están tramitando más estudios para tener un panorama mas claro” de la situación del entorno familiar donde se produjeron los abusos sexuales.

El de la niña de 11 años fue el segundo caso de interrupción legal de un embarazo a una menor de edad que se realiza en San Juan, ya que el 26 de agosto de 2018 se había aplicado la ley (ILA) sobre una adolescente de 14 años.

La niña operada ayer “tenía 18 semanas de gestación” y, según las autoridades judiciales, “está bien, tranquila, ya abrió los ojos”, agregó la asesora Sirera.

La funcionaria remarcó que “es un derecho de la víctima, nosotros escuchamos a la niña que manifestó su deseo de no continuar el embarazo, estaba muy tranquila”, dijo Laura Romarión, la otra integrante del equipo de asesores de Menores provincial.

Tanto Sirera como Romarión dijeron que “la evolución de la nena será seguida de cerca por profesionales de la Dirección de la Niñez y Salud Pública”, al tiempo que informaron que se suspendió la declaración en Cámara Gesell, que estaba prevista para ayer.

La declaración de la menor de edad, como la de su hermana de 5 años en el Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI), era considerada fundamental para determinar la culpabilidad de los guardadores de la niña: su padrastro acusado de la violación y su madre, que podría ser considerada cómplice.

Respecto de la situación de las hermanas, las asesoras dijeron que “la niña de 5 años está internada en una institución del Estado con contención psicológica” y que su futuro y el de la menor violada “dependerá de cómo determine la justicia”.

En ese sentido, señalaron que si la justicia encuentra inocente del caso a la madre, “las niñas podrían volver con ella”, pero si resulta culpable de complicidad o encubrimiento, “buscaremos algún familiar directo, con lazos sanguíneos o quedarán en condiciones de ser adoptadas”.

Sirera y Romarión revelaron que el padre biológico de las niñas “no se ha presentado a verlas y tampoco lo hizo otro familiar”.

El caso volvió a poner en el centro de la escena el debate entre organizaciones verdes y provida (que se identifican con el pañuelo celeste). Los primeros celebraron “que se haya garantizado el derecho de la menor sin dilaciones”, y los segundos criticaron “la aplicación del protocolo ILE, porque hoy solo se le propone a las niñas el aborto y no hay opciones de poder prevenir”.