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La toma fue en enero de 2016. Hasta hoy, la Comuna le dice que “no puede hacer nada”. Un caso “muy extraño”, afirma
Una usurpación flagrante de 4,5 hectáreas en Berisso, ocurrida en enero de 2016, obligó a la familia propietaria a seguir un derrotero casi humillante que, a día de hoy, les ha elevado a niveles insoportables la incertidumbre y el temor a perderlo todo.
Lo más preocupante del caso es que, durante los últimos 3 años y 4 meses acudieron a la Policía, a la Fiscalía y a la Municipalidad. ¿Resultados? “Los usurpadores están vendiendo los lotes por internet y la Comuna no hace nada”, denunció ante este diario Lucía Dattoli, hija de la propietaria de las tierras situadas entre 151, 152 Norte, 19 y 20, María Elizabeth Riquelme.
¿Por qué la Policía les dijo que “no podía hacer nada? ¿Por qué la Fiscalía les aseguró que la Policía debería haber actuado? ¿Por qué el Municipio, con la firma del intendente Jorge Nedela, les propuso un acuerdo para zonificar el predio y mejorar su entorno a cambio de quedarse con el 30% de los lotes, y ahora lo cambió por otro muy desventajoso para la familia propietaria?
Lucía Dattoli realizó un racconto de los hechos.
“En septiembre de 2015 falleció mi papá, que era arquitecto y había iniciado la construcción de un complejo de viviendas”, dijo, para añadir que “muy poco tiempo después, el 4 ó 5 de enero de 2016, unos vecinos nos avisaron que se estaban incendiando los pastos y que había gente colocando postes. A nada del fallecimiento de mi papá. Muy extraño”, deslizó.
¿Eran familias? “No. Eran hombres y mujeres mayores. Entre 15 y 20”, realzó la joven.
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Fueron a la policía. Concretamente a la Comisaría 1ra. de Berisso. “Mi mamá llevó las escrituras para que quedara constancia de la propiedad de las tierras”, recordó Lucía. Pero también recordó la respuesta: “Nos dijeron que no podían actuar de oficio. Que no los podían sacar”.
La siguiente estación de la familia fue la Fiscalía en turno (Nº 6), donde “nos tomaron la denuncia y nos dijeron que la Policía sí podía actuar. Y que debería haber actuado”.
Tercera estación: la Municipalidad. “Llegamos a la Comuna para ver qué se podía hacer. Y la primera reunión fue con el encargado de Tierras, el señor Ferreira, quien ya conocía el tema e incluso nos contó que había recibido a los usurpadores. Luego hubo un encuentro con el intendente (Jorge) Nedela. Fue en junio de 2016”, puntualizó Dattoli.
La respuesta municipal fue “ofrecer una zonificación de las tierras, dividirla en lotes, poner luz, mejorar las calles. A cambio, el Municipio de quedaba con el 30% de los terrenos”, apuntó, para indicar que su madre firmó ese preacuerdo el 17 de agosto de 2016.
“En rigor, nos empezaron pidiendo el 50% de los lotes porque decían que no les alcanzaba para las obras. Pudimos arreglar en el 30% luego de engorrosas y complejas negociaciones”, señaló Riquelme.
El preacuerdo llevaba las firmas del intendente municipal, Jorge Gabriel Nedela, del secretario de Obras y Servicios Públicos, Raúl Murgia, del encargado del área de Tierras, César Ferreira, y de la propietaria.
El punto 2º decía: “La Municipalidad, a pedido de la propietaria, acuerda realizar las gestiones ante (el Gobierno provincial) a fin de proceder en los inmuebles (descriptos en el punto 1º) al estudio de factibilidad, de impacto ambiental, cambio de zonificación del área de emplazamiento, mensura y división, elaboración del proyecto de parcelamiento, apertura de calles, gestionar ante los diferentes entes de servicios la extensión de las redes de agua, energía eléctrica y desagües pluviales, y posterior regularización de los mismos buscando generar la mayor cantidad de parcelas aptas para su hábitat (...)”.
¿Eran familias? “No. Eran hombres y mujeres mayores. Entre 15 y 20”, realzó la joven
“El Municipio pide el 30% de los lotes para “obras” pero la dueña no puede disponer libremente del resto”
En el punto 3º, “en respuesta a las acciones de la Municipalidad la propietaria cede y transfiere (a favor de la Comuna) el 30% de total del parcelamiento, reteniendo el 70% restante para su comercialización”. Vale aclarar: libre comercialización.
“Nada de ello se cumplió”, hicieron notar las damnificadas y sus abogados.
A partir de ese momento se ingresó en un largo impasse. “En la Fiscalía el expediente prácticamente no avanzaba. Y cuando fuimos al terreno los ocupantes nos aseguraron que la Municipalidad les había dicho que se quedaran allí. Incrédulos, volvimos al Municipio y el señor Ferreira nos aconsejó que iniciemos una causa penal. Pero hubo algo muy terrible: le dijeron a mi mamá que les lleve a los usurpadores las escrituras para pedirles que se vayan. La exponían de un modo terrible. Sin embargo, lo hizo. El resultado, por supuesto, fue nulo”, describió Lucía. Su madre recordó: “Me amenazaron una y otra vez y lo siguen haciendo. ¿Y qué me dicen en la Municipalidad? Que no pueden hacer nada”.
Los abogados Paola Arévalo y Adolfo Barcelone apuntaron que “hace una semana hubo novedades, pero malas. La Municipalidad ofreció otro acuerdo, pero ahora cambiando lotes por módulos (un módulo vale 9,90 pesos). Es totalmente desventajoso, por lo cual dijimos que no, rotundamente”. Para colmo, los letrados contaron que en el nuevo arreglo que propone la Comuna “nuestra cliente se queda con el 70%, pero ahora no puede venderlo a precio de mercado sino a valores fiscales”. Aproximadamente estaría perdiendo entre 600.000 y 700.000 pesos por terreno de 200 metros cuadrados.
Peor aún: “Los usurpadores están vendiendo lotes por distintos sitios de Internet. Y los venden 2, 3 ó 4 veces cada uno. Es decir que no los ocuparon para vivir, sino para hacer negocios”, casi exclamó María Elizabeth Riquelme, quien añadió que en el Municipio le llegaron a decir que “la gente no tiene un lugar para vivir”.
Este diario consultó ayer a las autoridades comunales de Berisso, pero al cierre de esta edición aún no había respuesta. Hoy, quizás haya una explicación oficial.
Ya pasaron más de tres años y la familia tiene “miedo” de perderlo todo.
En el tortuoso camino cambiaron más de una vez de abogado.
“Fue y es todo muy raro”, afirmaron los damnificados, quienes ya han visto no sólo cómo les tomaron sus terrenos sino “cómo destruyeron las edificaciones que había levantado” el arquitecto José Dattoli, esposo de Elizabeth y padre de Lucía.
Elizabeth Riquelme ya no sabe qué hacer (izq). Vista de los terrenos usurpados hace más de tres años / C. Santoro
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