Pidieron prisión preventiva para tres procesados por una millonaria malversación en Educación

El fiscal penal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta solicitó que se conviertan en prisión preventiva las detenciones de tres sospechados de haber cometido una estafa millonaria con una serie de malversaciones de fondos destinados a combustible y otros gastos para automotores de la Dirección General de Cultura y Educación.

El pedido recayó sobre los imputados Gustavo Chiramberro, Diego Burgos y Walter Cejas.

La medida está en análisis por parte de la jueza de garantías Marcela Garmendia. En caso de conceder el pedido, los detenidos quedarían detenidos hasta el inicio del juicio.

Los dos primeros son funcionarios de Educación, mientras que el tercero es el “playero” de la estación de servicio situada en 44 y 31, sorprendido en un operativo con 15 tarjetas de débito de la cartera educativa, que serían usadas para las maniobras delictivas en investigación.

“De las constancias reunidas, surgen elementos suficientes o indicios vehementes” para sospechar “que desde fecha indeterminada y al menos hasta el 24 de abril de 2019, al menos un hombre, coactuando al efecto con al menos otros cuatro, funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, utilizaron en propio beneficio y en reiteradas oportunidades varias tarjetas de débito que le fueron otorgadas por el Banco Provincia al área de Administración antes nombrada, las cuales eran recargadas periódicamente con fondos del erario público destinados a un fin específico, haciendo falsas compras de combustible con las mismas, pero extrayendo dinero a cambio”, argumentó el fiscal en el pedido de preventiva.

También dictaminó que la señalada maniobra delictiva se habría concretado en “en propio beneficio” de los antes señalados, perjudicando así en forma reiterada” las arcas de la Provincia.

“Estos montos -agregó- eran desviados en favor de sus propios patrimonios y el de su grupo familiar”.

Condomí Alcorta señaló en su pedido que “la Dirección de Servicios Generales de la DGyE era la encargada de administrar las tarjetas en cuestión, siendo su director uno de los imputados y su subdirector el otro, mientras que los dos restantes resultan ser responsables uno como Jefe de Movilidad (Burgos) y el restante (Chiramberro), el responsable de la rendición de cuenta”.

Además afirmó en su dictamen que “la continuidad en el tiempo, y la magnitud del monto dinerario hasta el momento acreditado, hacen entender que los hechos investigados fueron practicados en reiteradas ocasiones, en forma organizada y planeada, con distribución de roles, teniendo en cuenta que el primeramente aprehendido (Cejas) era el encargado de la extracción del dinero en el punto de expendio”, indicó.

En esta línea, detalló que “atento la cantidad de tarjetas utilizadas (unas 600), las mismas eran aportadas en conjunto por los miembros que las administraban en el organismo estatal y que eran responsables directos del control y rendición de cuentas de los montos no solo asignados a combustibles a través de las tarjetas incautadas en poder de Cejas, sino de muchas otras”, sostuvo el fiscal.

En este sentido, para el acusador, los sospechosos también “`administraban´ en forma totalmente discrecional” tarjetas asignadas a “otros gastos que no sean combustible”. El fiscal encuadró el caso como “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.

En esta causa tienen orden de detención en suspenso -a resolver por la Cámara- los funcionarios de Educación Néstor Casado y Horacio Mankowski.