Más restos hallados en su momento en Palo Blanco serían de Johana Ramallo

Además apareció un DNI destruido que está siendo periciado para saber a quién pertenece la huella digital, que es lo único visible

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La justicia federal platense -luego del hallazgo de un brazo y una pierna, que según peritos forenses pertenecen con un 90 por ciento de certeza a Johana Ramallo (23)- avanza con la investigación tendiente a establecer qué le ocurrió a la joven que desapareció en 2017 en la zona roja.

En agosto del año pasado, en Palo Blanco, Berisso, se encontraron los restos que serían de la joven y ayer fuentes judiciales revelaron que días después de ese hallazgo apareció otro brazo en la misma zona.

También precisaron que por ese último hallazgo se iniciaron actuaciones en otra fiscalía.

Ayer las fuentes consultadas explicaron que los restos encontrados en ultimo término ya están en manos de los peritos para establecer si se trata de la misma persona.

En tanto, ayer el Equipo Argentino de Antropología Forense (el mismo que trabajó con los restos de Ernesto “Che” Guevara y en numerosos casos de desaparecidos en nuestro país y otros de Latinoamérica), junto a Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) trabajaban al cierre de esta edición en la zona de Palo Blanco, en busca de más rastros.

También señalaron que en las cercanías de ese balneario de Berisso fue allanada una casa en la que habría estado la joven.

En tanto, los voceros consultados dijeron que la hipótesis más firme que se maneja en la investigación es que Johana habría sido víctima de una red de trata de personas, con vínculos con el narcotráfico, y que habría quedado a merced de esa organización mafiosa, que operaría en la zona roja platense.

Los pesquisas sostienen que “Johana era una joven muy vulnerable por su problema de adicción a las drogas, y que habría sido sometida por uno de los jefes de esa organización, que ahora está bajo la lupa judicial”, destacaron las fuentes.

Otra punta de investigación -agregaron- serían varias personas, cuyos datos surgieron a partir del análisis del teléfono celular de la joven.

Además, pudo saberse que cerca de los restos hallados en Palo Blanco se encontró un DNI destruido del que sólo se ve con nitidez la huella dactilar.

La Justicia ordenó que esa huella sea enviada a todos los registros, de antecedentes, de trámites ante la Junta Electoral y Registros de las Personas, para ver si se puede dar con la identidad del titular de ese DNI.

La investigación sobre el caso cobró impulso, luego de conocerse hace días que dio positivo, en un 90 por ciento, el análisis realizado por peritos del Servicio Huella Genética de la Universidad de Buenos Aires sobre los restos encontrados por un pescador, en agosto de 2018, en la zona ribereña.

El hallazgo de restos humanos había quedado a cargo del fiscal Marcelo Martini, de turno en el fuero penal provincial de La Plata.

Días después se encontró en esa zona otro brazo y se abrió otra causa en la fiscalía que le siguió el turno a Martini.

Luego todo quedó a cargo de la justicia federal local.

La causa Ramallo había pasado a la órbita federal, ya que al surgir sospechas de que la joven pudo haber sido víctima de una organización dedicada a la “trata de personas”, la fiscal de la justicia provincial Betina Lacki, que investigaba la desaparición de la joven, remitió las actuaciones al juzgado competente.

La investigación recayó en el Juzgado Federal I de La Plata, por entonces subrogado por el juez Ernesto Kreplak por falta de magistrado titular.

Kreplak, titular del Juzgado Federal III, al tomar conocimiento del hallazgo de los restos en Berisso le pidió al fiscal Martini las actuaciones para realizar una serie de medidas probatorias, entre ellas, un cotejo de ADN con muestras aportadas por la madre de la joven desaparecida, explicaron voceros judiciales.

La remisión de la causa por parte del fuero Provincial al Federal tardó cerca de dos meses, hasta que se pudieron iniciar las pericias.

Finalmente, en los últimos días, se conoció el resultado y llegó a manos del juez Adolfo Ziulu, ahora a cargo del Juzgado Federal I.

Johana desapareció hace un año y nueve meses en La Plata y el caso, inicialmente caratulado como “averiguación de paradero”, pasó a ser investigado como “trata de personas” por la Justicia Federal.

La joven fue vista por última vez cuando salió de su casa en La Plata el 26 de julio de 2017 a las 17 y le dijo a su mamá, Marta Ramallo, que volvería “entre las 20.30 y las 21”, pero no regresó.

La última imagen que se tiene suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada en las calles 1 y 63, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día.

 

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