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En medio de una fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, la Casa Rosada transfirió $12.500 millones a cuatro provincias a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los fondos se repartieron entre Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones), según datos de la consultora Politikon Chaco. Noticia confirmada justo a horas de lo que será el anuncio en cadena nacional por el presupuesto 2026 que dará el presidente Javier Milei hoy a la noche.
El desembolso ocurre en un momento clave: días atrás el presidente vetó la ley que buscaba establecer que el reparto de los ATN se realice de manera automática y diaria, un reclamo de los mandatarios provinciales para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de esos recursos.
Los envíos de septiembre marcan un salto respecto a agosto, cuando se giraron en total $3.000 millones, y en algunos casos evidencian un trato diferencial. Por ejemplo, Entre Ríos recibió en los últimos dos meses $6.000 millones, duplicando lo que obtuvo otras provincias con similares necesidades fiscales.
En ese marco aparece la paradoja santafesina. Su gobernador, Maximiliano Pullaro, ha sido uno de los mandatarios más críticos con la Casa Rosada. La semana pasada, al lanzarse la denominada Mesa Federal, advirtió: “Nosotros como provincia firmamos un acuerdo con Guillermo Francos, quien es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente en nada”. Sin embargo, una de las provincias que recibieron un importante desembolso de ATN lo que refleja la compleja dinámica entre reclamos públicos, tensiones políticas y transferencias que llegan de manera selectiva.
Diversos analistas y medios plantean que esta transferencia podría responder no sólo a una necesidad urgente de las provincias, sino a una estrategia política. Según ese enfoque, el Gobierno estaría usando los ATN como incentivo para obtener apoyos provinciales en el Congreso, moderar críticas políticas o asegurar la aceptación de otros proyectos centrales (como el Presupuesto 2026) que requieren consenso.
Estos envíos llegarían en momentos clave donde los gobernadores ejercen presión, y podrían servir como contrapartida para que moderados o discrepantes provinciales suavicen sus reclamos o voten alineados con el oficialismo.
Desde lo fiscal, los ATN son recursos que se usan ante situaciones de emergencia u obligaciones que no están claramente previstas en los presupuestos provinciales. Si bien los $12.500 millones ayudan a aliviar tensiones presupuestarias, su uso regularizado como herramienta política puede generar incertidumbre en la planificación estatal provincial.
Entre Ríos aparece como una de las provincias que más provecho sacó en este último tiempo: el único giro de agosto fue hacia ese distrito, y sumado al desembolso de septiembre acumula $6.000 millones en ATN en apenas dos meses.
En el acumulado anual hasta agosto, la Nación distribuyó $104.500 millones de este fondo, con Neuquén ($15.000 millones) y Salta ($12.000 millones) como los mayores beneficiarios. El Fondo totalizó en lo que va del año $611.074 millones, con un nivel de ejecución del 17,1 por ciento al cierre de agosto, por encima de los registros de 2023 y 2024, aunque por debajo de 2022 y 2021.
En lo político, esto acentúa los cuestionamientos sobre la discrecionalidad en el manejo de fondos nacionales. Gobernadores de provincias que no reciben esos giros también denuncian trato desigual y falta de transparencia sobre criterios de asignación.
Para el Gobierno, esas transferencias pueden ser útiles para construir puentes con mandatarios provinciales, pero si la expectativa de recibir se vuelve rutina, puede deslegitimar el reclamo de asignaciones automáticas o normativas que limiten la discrecionalidad.
El envío de $12.500 millones en ATN a cuatro provincias es, a primera vista, una medida económica que busca responder a urgencias provinciales. Pero sugiere que también es una jugada política: un modo de generar buen clima institucional, presionar para obtener respaldos legislativos, o suavizar oposiciones en momentos sensibles.
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