Sebastián Waisgrais (*)

La Organización Internacional del Trabajo definió el 12 de junio como el “Día mundial contra el trabajo infantil” con el objetivo de movilizar a la sociedad sobre este flagelo, incidir en la agenda de las políticas públicas y contribuir a su erradicación definitiva.

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Hay al menos dos preguntas claves para entender esta problemática en Argentina. En primer lugar, conocer cuál es la situación a través de evidencia confiable. Segundo, conocer el estado de las políticas para su erradicación.

Para la primera pregunta contamos con dos encuestas nacionales y oficiales que midieron la incidencia del trabajo infantil, así como sus principales determinantes y características, realizadas en 2004 y 2017 por el Ministerio de Trabajo e INDEC. La comparación entre los dos relevamientos arroja resultados relativamente alentadores. Para la franja de 5 a 15 años, el trabajo para el mercado se redujo del 8 al 3,8%, el trabajo para el autoconsumo del 9,9 al 3% y el trabajo doméstico intenso del 9,3 al 4,8%.

Esta reducción se explica principalmente por tratarse de un periodo marcado, en gran parte, por un crecimiento económico significativo, con creación de empleo, políticas activas y consecuentes mejoras en el nivel de ingresos de los hogares.

Si bien esta tendencia es una buena noticia, todavía el trabajo infantil y adolescente muestra algunas particularidades preocupantes. Por un lado, las tasas se duplican a nivel rural. La categoría que menos se ha reducido, y que en la actualidad es la más elevada, es el trabajo doméstico intenso, principalmente de niñas y adolescentes que se hacen cargo del cuidado de sus hermanos y hermanas menores y de adultos mayores.

El trabajo infantil genera además efectos negativos en la asistencia escolar, particularmente en los niños y adolescentes varones que realizan actividades económicas para el mercado y en las niñas y adolescentes mujeres que realizan actividades al interior del hogar. A modo de ejemplo, en el ámbito rural, las niñas que no trabajan tienen una tasa de asistencia al sistema educativo del 89%, mientras que entre aquellas que trabajan en sus hogares sólo llega al 68%.

El sistema de protección social, en particular a través de la AUH, no termina de solucionar este fenómeno que penaliza a las niñas y adolescentes porque el trabajo doméstico intenso responde, pese a los avances implementados en los últimos años en la definición de un Plan y una Estrategia Nacional de Primera Infancia, a la falta de un sistema público de cuidado con mayor cobertura y a normas sociales que refuerzan los roles tradicionales de género.

Con relación a las políticas de erradicación del trabajo infantil, desde 2006 se han implementado tres planes nacionales, una Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y numerosas iniciativas nacionales y provinciales.

Para erradicar este núcleo duro de trabajo infantil todavía se requiere de planes que no sean solamente declarativos, sino que se traduzcan en respuestas concretas de políticas y financiamiento, y reforzar los mecanismos de articulación de políticas a nivel nacional y provincial así como los mecanismos de regulación.

(*) Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF.