En la Corte cierran filas contra ofensiva K para revisar las causas de ex funcionarios

Una sorpresiva y fuerte disputa se desató entre el máximo tribunal de Justicia del país y el kirchnerismo por la situación de los ex funcionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, detenidos por causas de corrupción, además de los procesos contra la ex presidenta.

Todo comenzó cuando el escritor cercano al kirchnerismo Mempo Giardinelli propuso redactar una nueva Constitución en la que se elimine el Poder Judicial. Se potenció más la postura K cuando el candidato a presidente por Unidad Ciudadana y compañero de fórmula de Cristina, Alberto Fernández: “Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica”, advirtió tras negar un posible indulto o amnistía para la ex presidenta u otros funcionarios K procesados en distintas casos de defraudación al Estado.

Y fue el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni quien reforzó la idea; afirmó que “por primera vez en treinta años hay presos políticos en la Argentina” a raíz de una “persecución de un Poder Judicial concentrado”, y se pronunció por una “ley de revisión extraordinaria” de los procesos a los que son sometidos ex funcionarios del gobierno anterior.

Pero en la Corte Suprema de Justicia no dejaron pasar esas declaraciones, que consideraron un avasallamiento del poder político al Judicial. El primero en recoger el guante fue el propio presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. En dos escenarios distintos -durante un discurso en una jornada de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y en una entrevista por TV-, opinó que es “inconstitucional, antirrepublicana y profundamente irrazonables” las expresiones sobre una eventual disolución de la Corte. Pareció una respuesta al intelectual K Giardinelli, quién pidió que no haya un Poder Judicial sino un “servicio de Justicia”.

También le contestó Alberto Fernández. Calificó de “un poco ambiguas, no muy felices y desafortunadas” sus advertencias a los jueces que investigan a la ex presidenta y sostuvo que “hay que terminar con la judicialización de la política y la politización de la justicia”.

Y ayer salieron a respaldarlo dos de sus pares: Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, a quienes lo han apuntado -Elisa Carrió, por ejemplo- como la “pata peronista” del máximo tribunal, después de un fallo adverso al Gobierno por las actualizaciones de las jubilaciones que paga la ANSeS y la polémica que desató el pedido de la causa de la obra pública en Santa Cruz a pocos días de comenzar el juicio oral contra Cristina, otros ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez.

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Rosatti, ex ministro de Justicia del ex presidente Néstor Kirchner, pidió ayer que los políticos respeten “las decisiones judiciales aunque no las compartan” y advirtió que el Poder Judicial “debe su existencia y su vigencia” a la Constitución Nacional, por lo que “no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales”.

“El legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica. Pero todos los poderes tienen su límite en la Constitución Nacional”, manifestó el magistrado al hablar ante las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Rosatti, en su exposición, pidió: “Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y, afortunadamente no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales”.

Y sentenció: “Los magistrados tenemos una herramienta que es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, que debemos aplicar con criterio muy restrictivo, porque los legisladores son los representantes directos del pueblo”.

En ese sentido, expresó que “el político piensa en las consecuencias y luego toma sus decisiones, en función de las mayorías que legitiman esas decisiones” en tanto que “el juez se maneja distinto, y debe atenerse al derecho”.

división de poderes

Lorenzetti, por su parte, advirtió que “la independencia de los jueces es una política de Estado” y advirtió que “querer eliminar al Poder Judicial o modificar sentencias por medio de una ley afecta seriamente la división de poderes”.

“La independencia de los jueces es una política de Estado de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial. Querer eliminar al Poder Judicial o modificar sentencias por medio de una ley afecta seriamente la división de poderes. La Corte ha dado muestras claras en los últimos diez años de que eso no es admisible”, manifestó en declaraciones al portal Infobae.

“Se trata de “un principio que defenderemos siempre con coherencia en beneficio de los ciudadanos que reclaman una justicia independiente. Sostuvimos esta posición en contextos de enormes presiones sobre los jueces”, añadió Lorenzetti, quien supo tener cortocircuitos con la ex presidenta Cristina Kirchner cuando presidía el máximo tribunal de Justicia, pero que a la vez en la actualidad es cuestionado por Carrió.