La jueza Loretta Preska, que lleva la demanda por la expropiación de YPF en la corte del distrito sur de Nueva York, rechazó ayer un pedido del fondo Burford Capital para que desestimara una presentación del Gobierno argentino. El país quiere acreditar que los tribunales argentinos son competentes para dirimir el litigio.

La magistrada dejó muy claro que todavía hay muchas materias a ser discutidas. Y además les pidió a los abogados de ambas partes encuentren “una solución negociada”.

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Burford solicitó un rechazo “in limine”, pero no lo obtuvo. Ahora, se estima que la jueza se tomará un par de meses para decidir sobre el planteo argentino.

Tras presentar una denuncia por fraude en la venta accionaria de YPF, los representantes legales de la Argentina -de la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, y de la representación local en Estados Unidos, a cargo del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom- fueron en busca del juicio para ir al fondo del conflicto y, frente a nuevas pruebas, intentar otra vez que el juicio vaya a la Argentina.

“Estos reclamos pueden ser solo juzgados en la Argentina por una cuestión de jurisprudencia, establecida en leyes argentinas”, sostuvo Maura Grinalds (Skadden), una de las abogadas estadounidenses de la Argentina. Y remarcó que la inversión original que permitió la compra de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora deviene de negociaciones corruptas (la familia local Eskenazi, a través de ambas empresas, ingresó en 2008 al capital de la petrolera de forma polémica).

La jueza Preska consultó de qué manera eso podía influenciar el reclamo representado por Burford Capital. “No lo entiendo, asumamos que es cierto”, expresó la magistrada, y continuó: “¿Por qué esto invalidaría la compraventa de acciones y el reclamo?”, según detalló anoche el portal de La Nación.

Grinalds, la representante legal de la Argentina -a quien Preska solicitó repetidamente que se calmara por su estado de exaltación- explicó que en el país si unas acciones parten de un negocio corrupto es ilegal beneficiarse de ellas.

Mark Hansen, el abogado de Burford Capital, declaró que las acciones son de libre transacción y que no hay problema con ello. Además, ofuscado, dijo que su firma no suele estar más de cuatro años litigando.

Los abogados por la Argentina expresaron que esto debe ser trasladado a la justicia argentina. “¡Error!”, gritaba el abogado de los demandantes en respuesta, y decía: “Este caso no aplica”. Preska preguntó por qué no, y el letrado dijo que tenían la información en español y seguían trabajando con especialistas. La jueza se quedó mirando incrédula a quien había esgrimido el argumento.

Y luego de unos 40 minutos de discusión, la magistrada -que se mostró dura frente a ambas partes- sugirió que los abogados se reúnan para evaluar la posibilidad de un acuerdo.