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El juez Rafecas citó a Jovina Luna, la denunciante que pidió que se investiguen los pagos a los familiares de los miembros de esa agrupación
Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna
Jovina Luna, la hermana del conscripto Hermindo Luna, asesinado durante un sangriento ataque de Montoneros a un Regimiento de Infantería de Formosa el 5 de octubre de 1975, presentó una denuncia penal pidiendo que se investiguen supuestas “maniobras” mediante las que se habrían pagado de manera fraudulenta indemnizaciones millonarias a los familiares de los miembros de esa agrupación subversiva, trascendió en las últimas horas.
La denuncia de Luna recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien la citó el 18 de este mes para que la ratifique en los tribunales de Comodoro Py.
“Quiero que se investigue quiénes autorizaron a pagar esas indemnizaciones injustas. Pero no busco un resarcimiento económico. Lo que me interesa es que los asesinos de mi hermano y de otros soldados que defendieron la Constitución no figuren más en los listados del Parque de la Memoria”, explicó la denunciante.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, anticipó que “si se comprueba judicialmente que no corresponde, se dejará sin efecto en esos casos la declaración de víctimas del terrorismo de Estado”.
De acuerdo a Jovina Luna -la denunciante-, esas maniobras habrían sido al amparo de las llamadas “leyes reparatorias”. Aseguró, sin embargo, que se registraron “casos falsos de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria o asesinato para obtener cuantiosos montos indemnizatorios”.
La acusación de Luna recayó en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas y es por defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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En el escrito que presentó ante la Justicia, la mujer daría cuenta de varios casos de militantes de la organización guerrillera Montoneros, que fueron abatidos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas durante un período de gobierno constitucional -el de Isabelita Martínez de Perón-, y que “de ninguna manera fueron víctimas de ejecución sumaria como consecuencia de la represión ilegal del Estado”. No obstante, “muchas de estas muertes en combate fueron indemnizadas de manera fraudulenta al amparo de las denominadas leyes reparatorias”, agregó, siempre de acuerdo a la versión del portal de noticias, la denunciante.
Según la presentación de Jovita Luna, esas indemnizaciones fueron otorgadas, y cobradas, por los familiares de 9 de los 13 integrantes del grupo de Montoneros que cayeron durante el ataque al Regimiento 29 de Formosa.
De acuerdo a los reportes del informe periodístico, por medio de la “ley reparatoria” 24.411, el Estado nacional ya lleva pagadas 7.907 indemnizaciones por un monto de 62.250 millones de pesos (casi 1.425 millones de dólares). Mientras, al amparo de otra “ley reparatoria”, la 24.043. hay en trámite 7.318 pedidos de resarcimiento por un total de 23.859 millones de pesos, alrededor de 546 millones de dólares. Además, afirman que se siguen generando nuevos reclamos, sobre todo por los llamados “exilios forzosos”.
De todos modos, los casos presentados por la hermana del soldado tendría la comprobación de que por múltiples pruebas se llegaría a la conclusión de que “ninguno” de los reclamos responde a las causales dispuestas por la primera norma “reparatoria”.
Pero estas normas se vieron reforzadas con la sanción de otra, la 25.564, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Allí se estableció que podían acceder a una indemnización quienes entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983 hubieran estado detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia. De esta forma, habría algunos casos que cobraron una segunda indemnización de parte del Estado.
Entre los beneficiarios de estas indemnizaciones “reparatorias” figuraría un número indeterminado de integrantes de las agrupaciones subversivas Montoneros y ERP, que fueron juzgados, y condenados, por crímenes cometidos durante gobiernos constitucionales.
Jovina Luna también solicitó a la Oficina Anticorrupción que abra una investigación.
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