La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó ayer la modificación de leyes para evitar la persecución de los consumidores de cannabis, al alertar sobre el gran costo que tienen los procesos judiciales iniciados por pequeñas dosis para uso personal.

La posición del organismo que conduce Guido Lorenzino se apoya en un informe realizado por su Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos según el cual cada vez resulta mayor el impacto de la multiplicación de denuncias, requisas y aprehensiones arbitrarias en la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Como muestra ese trabajo, casi la totalidad de los procedimientos realizados en la Provincia en los últimos años tuvieron lugar en la vía pública contra jóvenes que fueron interceptados por la policía “por su apariencia física” y resultaron en “el secuestro de ínfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana, destinadas al consumo personal en ámbitos privados”.

Según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio Público bonaerense, la judicialización del consumo de marihuana pegó un salto en 2018: casi el 29% del total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal. Hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se tuvieron que destinar recursos humanos y económicos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales.

Al analizar el costo en recursos, el informe de la Defensoría se basa en el cálculo realizado por el juez de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, según el cual la tramitación de cada una de estas causas le genera al Estado un costo no inferior a los 10 mil pesos. Por lo tanto, si sólo se toma como referencia la cantidad de causas registradas en 2018 por tenencia para consumo, el gasto anual que debió enfrentar el Estado bonaerense en 2018 ascendería a 183 millones de pesos.

“Además de criminalizar el consumo personal de drogas prohibidas en forma inconstitucional y vulnerar el derecho a la salud de muchas personas con consumos problemáticos, la aplicación de la Ley de Estupefacientes genera un gasto irracional de los recursos que el Estado destina a las áreas de Justicia y Seguridad”, señalan también desde Reset, una organización civil que busca “aportar a la construcción de una política de drogas más eficaz”.

Integrada por abogados, sociólogos y profesionales de la salud mental, varios de ellos platenses, esta organización difundió el año pasado un duro balance de los efectos de la ley. Como se señalaba en él, ésta ha conducido en “un dispendio irracional de los recursos de fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados al perseguir conductas insignificantes relacionadas al consumo”.

Año tras años “cuantiosos presupuestos son destinados a investigar causas que en la mayoría de los casos no prosperan, precisamente por la insignificancia e inconstitucionalidad de los delitos que se pretenden reprimir. Todo ello en desmedro de la seguridad urbana en general y de la persecución de conductas de verdadera gravedad social relacionadas al crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción institucional”, sostiene el abogado penalista Mariano Fusero desde Reset.

PROPUESTAS

Frente a esta situación, la Defensoría planteó ayer la necesidad de modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores. Y pidió además revisar la Ley de Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, una medida adoptada en 2005 para que las provincias tengan competencia en materia de estupefacientes para los delitos menores, principalmente comercialización, tenencia y consumo. La idea es que los organismos nacionales centren su atención sólo en el comercio ilegal en gran escala.

“Es necesario avanzar hacia una actualización de las normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados y que tengan el derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su estilo de vida, con reglas claras y sin perjudicar a otras personas, incluso como forma de contrarrestar los mercados ilícitos y sus consecuencias”, puntualizó Lorenzino.

Desde la Defensoría también señalaron la necesidad de declarar la emergencia en materia de adicciones en todo el país, dotando de recursos al sistema de prevención y asistencia, y replantear la política de drogas a fin de que contemple perspectiva de género, derechos humanos y un enfoque más vinculado a la salud.