El avance de las tomas y las contradicciones del oficialismo

Por Jorge Remon

Las usurpaciones de tierras urbanas o rurales cuentan con la participación en algunos casos de verdaderas organizaciones ilegales que lucran vendiendo lotes ajenos, también de grupos políticos de ultraizquierda y por último de funcionarios del Gobierno.

Cada caso es una situación diferente pero le están creando al oficialismo un problema de proporciones porque ese tipo de hechos se registran ahora en once provincias y causan inquietudes y enfrentamientos.

En estos días la tensión pública se focalizó en la toma de una estancia de la familia Etchevehere a la que pertenece el ex ministro de Asuntos Agrarios del gobierno de Macri, Luis Etchevehere, sus dos hermanos y su madre. La cuarta hermana Dolores tomó el establecimiento junto con miembros del proyecto Artigas que lidera Juan Grabois argumentando que había sido despojada de sus derechos por la familia. Cabe señalar que años atrás estuvo relacionada también con la usurpación de un campo en la provincia de Buenos Aires con el que no había tenido vinculación patrimonial. La presencia de Juan Grabois le dio un condimento especial por cuanto él sostiene la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria para distribuir tierras. Defensor de Cristina Kirchner y considerado como un hombre con fuertes vínculos con el Vaticano era inevitable que Grabois provocara una mayor reacción de los productores agrarios que sienten amenazado el derecho de propiedad al que consideran vulnerado ya que la familia Etchevehere exhibió escrituras que acreditan sus derechos sobre la finca. Pero además la presencia de la directora del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, en una audiencia convocada por el juez despertó aún mayores suspicacias y contribuía a generar dudas sobre que el conflicto fuera estrictamente familiar. La reacción de los productores agrarios con fuertes críticas no se hizo esperar y la cuestión ha tomado una inocultable dimensión política porque además se agregó una declaración de apoyo a la ocupación de altos funcionarios del gobierno nacional y el bonaerense.

En esos mismos días un grupo de personas que se identificaban como Mapuches usurpaban campos en las proximidades del lago Mascardi y la gobernadora de Río Negro,

Arabela Carreras, denunciaba que contaban con el apoyo también en este caso de funcionarios nacionales y que hasta uno de ellos utilizaba un vehículo del Estado para trasladar hacia allí a personas que intentaban sumarse a la usurpación.

Circunstancias distintas se viven en Guernica donde grupos militantes intentan evitar que el gobierno provincial logre trasladar a otros terrenos a los ocupantes. El Ejecutivo bonaerense logró que algunos de los usurpadores iniciales aceptaran mudarse a lotes que puso a su disposición la provincia. A medida que voluntariamente se retiraban algunas familias los militantes introducían otros que se niegan a negociar. Los representantes del Gobierno que intentan una solución pacífica encuentran entonces una barrera que evidentemente tiene objetivos políticos.

Las situaciones son distintas pero todas contribuyen a crear conflictos que evidencian las contradicciones del oficialismo.