Un juez pidió que el abusador de una niña sea juzgado como un genocida

Un juez de Garantías de Lomas de Zamora encontró el modo de poder sentar en un banquillo al acusado de una causa por abusos sexuales ya prescripta, bajo el procedimiento de un “juicio por la verdad”. La víctima, que tiene hoy 36 años y en 2019 decidió denunciar las vejaciones a las que la habría sometido su tío desde que ella cumplió 5 y hasta los 10 años, vive en La Plata.

Dos acontecimientos la impulsaron a llevar el caso a la Justicia, con una fuerza que se sumó a la que acumuló en las horas de terapia: el nacimiento de su hija y la muerte de su tía, esposa del acusado. Recién entonces pudo decir lo que ahora repite: “Mi tío abusó sexualmente de mí”, aunque en su familia esas palabras cayeron como una bomba que la alejó de todos, salvo de sus padres y de su pareja.

El 2 de julio de 2019 Patricia denunció a M. R., plomero y gasista de 62 años, pese a que se había vencido el plazo previsto para hacerlo (12 años desde que la víctima cumple la mayoría de edad).

Sin embargo, el titular del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, desoyó el planteo de prescriptibilidad del expediente que interpuso la defensa del acusado, con el argumento de que el Estado tiene la obligación de investigar para reparar el delito, aunque sea de manera simbólica.

Para la propuesta de juicio por la verdad tomó como fundamento el avance de las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura, entre 1994 y 2004, después de que la Suprema Corte definió que estos hechos no prescribían.

A criterio de Vitale, es primordial garantizar que las víctimas de atentados a sus derechos fundamentales tengan la posibilidad concreta de conocer los hechos y, con esa herramienta, acceder a un proceso que les asegure investigar la verdad. De cualquier modo, si se llega a la instancia de un debate oral en el que el acusado es declarado culpable, no habría pena efectiva.

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Los abogados de M.R apelaron el fallo de Vitale, de modo que será la Sala 1 de la Cámara de Apelación Penal de Lomas de Zamora la que resuelva en los próximos días si mantiene firme esa decisión o le da la derecha a la defensa.

En la causa que abrió la fiscalía especializada en abuso sexual figura lo que contó Patricia: “Me tocaba la vagina, el cuerpo, también me ponía su pene en mi boca y hacía que le toque sus genitales. Me metía en la habitación de él, que compartía con mi tía, o me llevaba a modo de paseo en su camioneta donde yo le practicaba a él sexo oral”.

Estos hechos habrían ocurrido entre 1990 y 1995 en el Barrio Gorriti de Glew (Almirante Brown), donde la víctima vivía con su madre y su abuela. En el mismo terreno, pero al fondo, estaba la casa del acusado, su esposa (hermana de la madre de la joven) y sus hijos. En determinado momento Patricia y su madre se mudaron a San Vicente, pero los abusos, dijo la denunciante, no cesaron nunca.

“El estaba presente siempre. En todo lo que era la vida familiar. En todas las reuniones y los cumpleaños” y “era una persona muy caracterizada: introvertido, callado, provinciano. Nunca charlaba con nadie. Pero yo era muy pegada a él, incluso en la familia cuando yo era chiquita decían que yo era su novia”, comenta ahora. Entre los motivos que la impulsaron a revelar ahora su historia destaca la necesidad de criar a su hija lejos de silencios mentira. Por ella y por otros menores de la familia.

A pedido de la fiscal del caso, Patricia fue sometida a peritajes psicológicos que detectaron en ella “indicadores de abuso sexual”, y angustia “durante el relato de los hechos”, además de presentar “sentimientos de culpa, vergüenza. Durante su niñez y adolescencia naturalizó los hechos”.

En declaraciones al portal Infobae la mujer reconoció que su familia es “de mujeres abusadas, de mujeres entregadas a la cuestión de su cuerpo, física y simbólicamente. Mis ancestros son santiagueños y en viajes nos encontramos con historias de hijas entregadas. Era una repetición. Mi mamá y mi tía eran víctimas de su papá”. Y, según contó, “mi abuelo se murió en 2018 y todas sus hijas lo lloraron y lo cuidaron”.

En otro fallo parecido, Vitale dijo que la imposibilidad de investigar los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes por prescripción de la causa “cancela el derecho de la víctima a que ‘su verdad’ sea discutida públicamente”, lo que “de alguna manera, transforma esa violencia particular denunciada en violencia institucional pública”. La reflexión se ajusta a lo que pasó días atrás con el fallo de Casación, que declaró prescripta la causa por abusos sexuales de menores en el Instituto Próvolo de La Plata.