El kirchnerismo retomó la ofensiva legislativa por el Procurador de la Nación

Especialistas en materia jurídica coincidieron en la necesidad de establecer un límite de tiempo a la duración del mandato del Procurador General de la Nación, así como en modificar el reglamento para designar al jefe de los fiscales con mayoría simple, en una audiencia realizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

De esta forma, la cámara alta de la mano del kirchnerismo, con la presencia de especialistas en derecho, retomó el debate de los proyectos de ley que modifican la ley orgánica del Ministerio Público con respecto a la duración del cargo del Procurador General de la Nación, que en la actualidad no tiene límite más que el de la edad, de 75 años.

Desde el kirchnerismo busca sacar del cargo al actual Procurador interino nombrado en la gestión de Mauricio Macri, Eduardo Casal, pero resistiría que lo suceda el candidato del presidente Alberto Fernández, de ahí que la exdiputada Elisa Carrió se pronunciara a favor de la designación del magistrado federal como procurador general de la Nación como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”, pero propuesta que causó mucho ruido en su coalición Juntos por el Cambio.

cuestión de edad

En su exposición de ayer, el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y Profesor de Posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder, recordó que “todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público” y agregó que también tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Es conveniente. El desgaste de la persecución penal hace que haya un consenso muy amplio alrededor de que debe existir un plazo porque, de lo contrario, se termina en una transferencia muy nociva hacia entornos burocráticos que generan graves distorsiones en el sistema político”, afirmó.

Evaluó que “sería dar un salto de calidad enorme ponerle un plazo al procurador” y opinó que el mandato debería durar cuatro años y, cuando el Gobierno finaliza su gestión, “el procurador debería irse”.

No obstante, si bien aceptó que “un plazo de seis años acentuaría la autonomía del fiscal” porque “permite establecer una política de persecución penal”, podría convertirse en un “problema” un eventual cambio de “signo político” del Gobierno.

Coincidió con Binder el abogado Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación y abogado de, entre otros, el expresidente y hoy senador Carlos Menem, del excolaborador del fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino; y del exministro de Planificación Julio De Vido. “El ministerio público es el formulador de la política criminal del estado. No puede haber contradicciones con otros poderes”, afirmó.

Además, aconsejó a los senadores “menos adrenalina para obstaculizar el pliego que propone el Poder Ejecutivo (del juez federal Daniel Rafecas como procurador) y más control a Procuración”.

Finalmente Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, planteó que en una República “hay periodicidad para todos” y adjudicó a los procuradores un “rol decisivo porque tienen a su cargo el diseño de la política de persecución penal”.

La discusión de la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal continuará el próximo lunes desde las tres de la tarde con una nueva ronda de audiencias, según informó el presidente de la Comisión de Justicia, el cristinista neuquino Oscar Parrilli.