Frenan la expansión de una toma en 9 y 93 pero no logran desalojar a los ocupantes

La saga de las usurpaciones que viene castigando a la periferia platense sumó ayer un nuevo capítulo. Fue cuando la Policía intentó desalojar una toma ilegal de terrenos en Villa Elvira y se encontró con que los ocupantes resistieron a pedradas la intervención.

Si bien los efectivos de seguridad lograron desactivar la expansión de los intrusos, ya que había intentos por ocupar nuevos lotes de forma ilegal, no lograron desalojar a aquellos que se instalaron de noviembre a esta parte y levantaron precarias casillas en la zona.

Todo está ocurriendo en tierras de propiedad privada y destinadas a un futuro loteo (que ya cuenta con habilitación municipal) en la zona de 11 y 93, en cercanías del arroyo Maldonado.

En ese sector las ocupaciones de tierras comenzaron a fines del año pasado. Desde entonces se sucedieron avanzadas de los intrusos y parciales desalojos avalados por la Justicia. Sin embargo, el asentamiento informal nunca terminó de erradicarse y las intrusiones ya casi son cosa de todos los días. “En noviembre tomaron una parte de los lotes y levantaron unas casillas en la zona de 93 entre 10 y 11. Son unas 15 construcciones. Es gente que llegó de la zona de 93 a 98 y de 12, 13. Ayer, un grupo intentó ocupar las tierras que se extienden hacia el lado de 9 y 93. Empezaron a lotear y a colocar cintas para delimitar las tierras”, explicó el dueño de los terrenos.

A raíz de esa situación, la fiscalía de turno ordenó que un desalojo para evitar que creciera la ocupación. “Fueron efectivos del Destacamento Aeropuerto. En la primera etapa el desalojo se estaba dando con normalidad, los ocupantes que estaban loteando no se resistieron y se fueron”, explicó el propietario de los terrenos.

Sin embargo, cuando los agentes policiales quisieron avanzar hacia las casillas que ya están armadas en la zona de las calles 10 y 11, fueron recibidos a pedradas. “Era una lluvia de piedras”, sintetizó un testigo. “Los estaban esperando”, agregó.

Por las pedradas resultaron dañados un patrullero y el auto de la abogada del dueño de los terrenos, que terminó con el parabrisas roto.

“Los policías no eran más de una decena. Se complicó porque encima no tenían escudo y tuvieron que regresar al Destacamento Aeropuerto a solicitar refuerzos”, dijeron.

Esperaban que pudieran reforzar el operativo con el apoyo de Infantería y la Caballería, pero finalmente no hubo apoyo y el operativo de desalojo quedó postergado.

Los dueños de los lotes dijeron que por las noches dispondrán de guardias en el lugar para evitar que los intrusos se instalen, pero el predio es tan amplio que se dificulta cubrir todos los sectores.

Además, como es frecuente en los casos de tomas ilegales, los dueños de los terrenos tuvieron que reponer los alambrados más de una vez por intentos de usurpación.

Un dato no menor que aportaron es que los usurpadores utilizan una modalidad ya denunciada en otras intrusiones el año pasado y el actual: sacan fotos y ofrecen a la venta en las redes sociales los lotes ocupados.

SEGUIDILLA INTERMINABLE

La lista de barrios que fueron escenario de las usurpaciones en lo que va del año es extensa: Melchor Romero, Villa Alba, San Carlos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Villa Montoro, El Retiro y Berisso son algunos de los puntos jaqueados por un fenómeno al que nadie le pone freno.

Como ya ha señalado este diario, entre operadores del sector inmobiliario y del ámbito judicial se describía un accionar con actitudes mafiosas, con la figura del puntero político detrás de este tipo de avanzadas sobre los terrenos desocupados. Se habla, incluso, de que se habría armado una suerte de “protocolo” de los usurpadores: primero merodean los terrenos en cuestión, se meten, lotean y proponen la venta de esos espacios ocupados a precios que para el mercado oficial pueden resultar irrisorios, ya que representarían un 10 por ciento del valor real, aproximadamente.

Ante este panorama los damnificados por la usurpaciones se sienten “a la buena de Dios”. El año pasado, con la resolución Nº 707/19 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense se estableció un protocolo para la actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, que, aseguran los damnificados por usurpaciones, “crea un laberinto de trámites”.