Presentan, con pedidos de fuerte quita, la oferta para la reestructuración de la deuda

Llegó el Día, esperado especialmente por los bonistas acreedores y los mercados. El Gobierno, en busca de un acuerdo para reestructurar U$S 69 mil millones de títulos bajo ley extranjera, presentará la oferta de canje, que tendría pedidos de quita de entre 50 y 60 por ciento. Tampoco se descarta que reclame periodos de gracia.

La propuesta se dará a conocer con una conferencia en la Quinta de Olivos que encabezarán el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que estarán acompañados por todos los gobernadores para mostrar hacia afuera respaldo político.

Ayer ya se dieron señales. Economía envió una solicitud a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) para emitir hasta U$S 50.500 millones en nuevos bonos como parte de la operación.

Los detalles de la propuesta están guardados bajo 7 llaves pero fueron trascendiendo algunos puntos como una quita de valor presente superior al 50 por ciento, con una significativa rebaja en los cupones de intereses y una posible reducción del capital, además de un amplio período de gracia de cuatro a cinco años antes de volver a pagar las rentas y las amortizaciones de principal, según el diario BAE. Como ya adelantaron Fernández y Guzmán, el objetivo es ganar tiempo para que el país retome el crecimiento económico y acumule reservas. En principio, tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, con quien debe terminar de negociar la reestructuración de los U$S 44.000 millones ya desembolsados por el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Mientras, la nota enviada por el Palacio de Hacienda a la SEC solicita autorización para la emisión de nuevos títulos por U$S 20.000 millones, que se suman a otros pedido formulado varias semanas atrás por otros U$S 30.500 millones, con lo que la suma total asciende a US$ 50.500 millones.

Si bien el documento no brinda precisiones sobre la oferta que realizará el Gobierno a los tenedores de deuda, sostiene que “la República de Argentina puede ofrecer y vender sus valores, incluidos sus valores de deuda, en cantidades, a precios y en términos que se determinarán en el momento de la venta y se proporcionarán en forma complementaria a este prospecto” con notificaciones posteriores.

En concreto, este documento proporciona una descripción general de los títulos y garantías de deuda que la República puede ofrecer en la inminente operación, en virtud del Contrato de los bonos emitidos en 2005 y los concretados a partir de 2016, que serán los títulos susceptibles de canje.

De la información se desprende que las emisiones nuevas se realizarán contemplando ambos contratos, del 2005 y 2016, que tienen aspectos legales diferentes, como por ejemplo, distintas cláusulas de acción colectiva para hacer frente a eventuales cambios en los bonos nuevos a emitir y poder llegar a completar con éxito la operación de canje de bonos en el mercado .

El texto explica las diferencias contractuales de los títulos emitidos en el canje del 2005 y a partir de 2016, relacionadas con las mayorías de aceptación; con el trato “pari passu” o no con los acreedores; y sobre las condiciones previstas para que se active o no un eventual evento de default.

Una de las diferencias más notables entre los contratos emitidos en el 2005 o a partir del 2016, es que ambos cuentan con diferentes cláusulas de aceptación de mayorías para hacer frente a eventuales cambios.

Esto significa que, mientras que los bonos emitidos en el 2005 necesitaron de una aceptación del 85% de los tenedores para poder activar y completar un canje de todas las series afectadas, en los títulos emitidos desde el 2016 el umbral es del 66,6%.

Otra renegociación

En un texto anexo, el gobierno argentino informó también a la SEC que solicitó formalmente al Club de París posponer por un año el pago de US$ 2.100 millones que vencen en mayo próximo y planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países en 2014. Así surge de un segundo documento girado a la SEC, que es un anexo donde el gobierno argentino, como aspirante a emisor en dicho país, mantiene informado al organismo regulador estadounidense sobre las principales variables económicas.