Un municipio bonaerense ya cobra su tasa a la riqueza

El impuesto extraordinario a las grandes riquezas que debate la política nacional tiene su réplica a pequeña escala en un municipio de la provincia de Buenos Aires: General Lavalle, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que -por única vez- crea una tasa extraordinaria para mayores contribuyentes.

La normativa establece una suma de 5.000 pesos para los vecinos que facturen de tres a seis millones de pesos anuales; y de 10.000 pesos para quienes superen ese monto.

Además, a los contribuyentes que les corresponda abonar más de 150.000 pesos por el período 2020, el valor del impuesto se fijará en el 5 por ciento del total a pagar en forma anual. En tanto que para los que paguen más de 300.000 pesos, el valor será del 10 por ciento de lo que deban abonar en el año.

Lo recaudado será destinado a la creación de un fondo de emergencia sanitaria para atender las demandas generadas por el coronavirus, según detalló el intendente José Rodríguez Ponte, que además contó que el presupuesto de General Lavalle “es escaso. Se necesitan fondos, ha bajado la recaudación por coparticipación y por tasas municipales”.

“Frente a este evento dañoso mundial [en referencia a la pandemia] había que recolectar recursos para ayudar a la salud, a la emergencia alimentaria y a la seguridad”, aseguró el jefe comunal de Juntos por el Cambio. Y enumeró: “Hay falta de trabajo, gastos en salud; hay que recurrir a aquellos que más pueden aportar para hacer una incursión con una tasa solidaria para poder afrontar todos los gastos”.

Al defender la medida, el alcalde subrayó que “los distintos sectores consensuaron con el Consejo Deliberante y ellos democráticamente redujeron las escalas”, y ejemplificó que “el sector rural aporta unos 700.000 pesos. Para el puerto, que tenía escalas de 5 y 10 mil pesos por cada barco, se redujo a 5.000 pesos en dos cuotas”.

Una medida similar fue dispuesta en marzo pasado por la Municipalidad de Castelli, donde se determinó la creación de un fondo de emergencia por el que los productores rurales -según la extensión de su terreno- deben abonar entre 9.000 y 42.000 pesos. Una decisión que desató la polémica y llevó al diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, a solicitar la suspensión del cobro ante la Justicia, que finalmente falló a favor de la comuna.