Legisladores opositores denunciarán a Alberto Fernández por “abuso de poder”

Un grupo de legisladores nacionales de Juntos por el Cambio denunciarán ante la Justicia al presidente Alberto Fernández por el supuesto hecho de “abuso de autoridad” al haber ordenado la intervención de la cerealera Vicentin a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Federico Angelini, Waldo Wolff, Gisella Scaglia, Pablo Torello, Álvaro de la Madrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli son los firmantes de la presentación en la que se señala que “se debe indagar a Alberto Fernández porque firmó el decreto de intervención cuando la empresa se encuentra bajo procedimiento de concurso de acreedores ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe”.

Para los legisladores, la determinación presidencial implica “la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Aseguraron, entre otras cosas, que la norma que pretenda otorgarle esas facultades al Poder Ejecutivo está vedada por la Constitución.

“Corresponde al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de persona o Gobierno alguno”, afirmaron.

A su vez, el diputado nacional lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, advirtió que “hay que tener especial cuidado con los riesgos de litigiosidad y los costos que puede traerle al Estado argentino” al referirse a la intervención de la empresa Vicentin anunciada por el Gobierno nacional.

El ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense afirmó que “alguna experiencia similar ya tuvimos con la estatización de YPF y esto no debería repetirse”.

Desde el ámbito económico, las voces críticas llegaron desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se manifestó en contra de la intervención y el proyecto de expropiación de la firma agroexportadora Vicentin.

“Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores”, sostuvo AEA en un comunicado de prensa.

“La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, agregó la entidad empresaria.

A su vez, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también criticó la intervención a Vicentin y consideró que “la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”.

En un comunicado, la entidad rural expresó que “no creemos que la expropiación sea la única herramienta” y opinó que “este sistema de decisiones del Ejecutivo está por encima del Judicial”.

En otro tramo del escrito, también plantearon su “preocupación” respecto a la posibilidad de que este tipo de medidas también comprendan a otras empresas endeudadas o bajo concurso de acreedores.

Desde el Gobierno, fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien defendió la decisión de intervenir a la agroexportadora Vicentin. Para Kulfas su expropiación permitirá asumir un rol de “empresa testigo con mirada estatal vinculada con el desarrollo”.

Desde el gobierno también se dejó trascender que un grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales habría expresado “su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales” para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, estimada en alrededor de US$500 millones.

Kulfas sostuvo que en el caso de Vicentin, “hablamos de una empresa en cesación de pagos desde diciembre. Estamos hablando de 3.000 productores perjudicados”.

Respecto al concepto de empresa testigo, el funcionario explicó que la misma contará con “una mirada estatal vinculada al desarrollo, que nos permita tener más estabilidad en el mercado de granos y en el cambiario”.

La Unión Industrial Argentina (UIA), en tanto, manifestó la necesidad de garantizar el respeto al principio de legalidad, en referencia a la decisión del gobierno de intervenir Vicentin.