Control Urbano ignora las graves discriminaciones al comercio

La Municipalidad de La Plata convocó en los últimos días y concretó una reunión para tratar el tema de los vendedores ambulantes a la que no vinieron representantes de la Naciones Unidas, pero poco faltó para eso, dada la notable cantidad de invitados que asistieron, en representación de diversas entidades públicas y privadas, tanto de nuestra ciudad como de Provincia y Nación.

En nuestra ciudad a la vista de todos se está produciendo el cierre de pequeños y medianos comercios y la agonía de otros. Muchas veces eran explotaciones de familias que perdieron sus ingresos como también ocurrió con los empleados en los casos en que tenían personal. Todos ellos fueron víctimas de la caída de la actividad económica y de una dañina discriminación de la que Control Urbano no parece ocuparse. Esos sufridos comercios padecían también el estrangulamiento que produce la enmarañada y pesada carga impositiva, sumado a la competencia desleal de los ilegales instalados en las llamadas ferias, o en las veredas de la zona céntrica. A ellos no se les exige habilitación de ninguna clase, ni cumplimiento de normas sanitarias, ni de la legislación laboral. Los así discriminados están indefensos.

El volumen de ventas de los ilegales tiene ya significado económico tal cual se demostró en ciudades como Tucumán y Santiago del Estero a las que durante la cuarentena no podían llegar camiones con mercadería de contrabando desde Bolivia o de talleres clandestinos de Buenos Aires por los controles sanitarios y policiales provocando que la facturación de los comercios tradicionales se incrementara exponencialmente.

En nuestra ciudad, en cambio, la situación, que ya era muy preocupante para el comercio legal antes de la pandemia, se tornó en sombría, ya que, en pleno transcurso del confinamiento social dispuesto por las autoridades para evitar los contagios, las calles se llenaron de persianas bajas frente a las cuales, casi como una burla de mal gusto, se multiplicaron los manteros y los puestos de venta ilegal.

Si bien se ha señalado que el problema de la venta ambulante concierne tanto a la Municipalidad como a las órbitas provincial y nacional, ya que las evasiones impositivas, las falsificaciones de marcas, el trabajo esclavo y otros delitos asociados a esta actividad conciernen a distintas jurisdicciones, parece desmedido y, a la vez, inconducente haber convocado a la “mesa de análisis” a representantes de más de veinte dependencias públicas, entre las cuales no se invitó a ninguna entidad que representase a los discriminados comerciantes legales. Es posible que por convicciones ideológicas se considere que propietarios y empleados de los comercios son pequeños burgueses que deberían defender sus propios intereses aunque no se les ayuda ni siquiera como hacerlo ante un Estado que facilita la existencia de una competencia desleal.

Tal como se informó, la lista de invitados incluyó a funcionarios de áreas de seguridad, justicia, convivencia y control ciudadano, derechos humanos, pluralismo e interculturalidad, acceso a la justicia, defensoría del pueblo, migraciones, consejos sociales, defensoría ciudadana, centros de acceso a la justicia –tanto locales, como provinciales y nacionales- así como a representes de las universidades nacionales de La Plata y de la universidad católica platense, sin dejar de mencionar también a miembros de la comunidad senegalesa, entre otros presentes, que participaron del plenario. La conclusión sobresaliente fue que esta problemática excede al municipio, es decir que la reunión tuvo como objetivo quitarle a la comuna la responsabilidad por hacer respetar los espacios públicos y las normas sanitarias. Para ello no era necesario semejante convocatoria.

Hace muchos años que se suceden en la Ciudad estas reuniones. Durante ese tiempo han seguido incrementándose la presencia de los que ejercen en forma ilegítima una actividad comercial que no paga tasas ni impuestos de ninguna naturaleza, en una situación que, por lo visto, pareciera no tener ninguna vía de solución y que sólo ha motivado que se vinieran reuniendo, una tras otras, comisiones sin que se resolviera nada. Pero los salvajemente discriminados propietarios y empleados de pequeños comercios un día es muy posible que reaccionen impulsados por la desesperación.

Con la estrategia que hace eje en las buenas intenciones- y por esa misma línea, la Secretaria de Convivencia y Control Urbano podría también conformar otra gran comisión para tratar el problema de las usurpaciones- analizar los problemas sociales que enfrentan los intrusos, buscar vías alternativas, planificar políticas habitacionales a mediano y largo plazo-, mientras los dueños de tierras e inmuebles ven con impotencia cómo les arrebatan sus propiedades y las bandas de ocupantes se enfrentan violentamente con la policía o para dirimir sus internas y ver quién se queda con el negocio con la venta de lotes por la que no se pago nada.