Un debate político sin necesidad de insultar al adversario

Es habitual que la actividad política suela verse matizada por la aparición de expresiones polémicas y agresivas que, en muchas ocasiones, se reflejan en chicanas a veces desmedidas y que, sin embargo, pueden atribuirse al apasionamiento o a estrategias de promoción. Se estaría allí ante manifestaciones emergentes que, si bien contienen rasgos negativos y no debieran presentarse, en definitiva forman parte del folklore político.

Sin embargo, en las últimas semanas vienen advirtiéndose cruces de ofensas personales, insultos y expresiones impropias, formuladas tanto por parte de algunos funcionarios o representantes del oficialismo como de sectores de la oposición, sin dejar de lado a diversas personalidades públicas que también incurren en esa modalidad agresiva. Se habla de actitudes que resultan ser contrarias a las reglas de concordia que caracterizan a la convivencia propia de todo sistema democrático.

Se ha dicho ya en esta columna que ningún motivo justifica la aparición de determinados actos y conductas que apuntan sólo a denigrar al ocasional adversario, en situaciones que sólo sirven para ahondar las querellas en una sociedad que, en cambio, merece palabras de unión y contar con una clase dirigente racional y mesurada.

Esta expectativa cobra especial énfasis si se toman en cuenta los sacrificios que viene realizando la población, acosada y atemorizada por una pandemia que, además, ha obligado a o a tomar decisiones que se tradujeron en la virtual suspensión de la vida económica para millones de ciudadanos. Pareciera necesario, entonces, confiar en que el maduro acatamiento de la población al confinamiento y a las pautas sanitarias –con los sacrificios materiales y también los pesares de tipo afectivo que ello supone- pudiera verse correspondido por el comportamiento acorde de quienes forman parte de la clase dirigente.

El país vive desde 1983 en un sistema democrático y republicano que costó mucho recuperar, en cuya vigencia tuvieron que ver los partidos políticos y los demás sectores de la sociedad, aportando cada uno su grano de arena para darle estabilidad institucional a un país que venía sufriendo los bandazos de los golpes de Estado. Ese respeto a los derechos, garantías y obligaciones constitucionales debe ser preservado a todo trance.

Se está hablando acá de episodios, si se quiere, superficiales, pero que resultan ser negativos. Así como en los turnos constitucionales anteriores originaron alarma los ataques, escraches y amenazas de distinta índole –de los que fueron víctimas funcionarios, dirigentes políticos o personas que desarrollaban distintas profesiones u oficios- corresponde ahora llamar a la cordura acerca de estos estilos agresivos que amenazan con propagarse.

Desafiado por urgencias de toda índole, que van desde lo sanitario hasta lo económico, que interesan a lo educativo y a lo laboral, nuestro país reclama concentrarse en estos problemas, sin dispersar esfuerzos en polémicas estériles y mucho menos en agravios que no ofrecen ningún aporte positivo. Ello no implica, como se ha dicho, dejar de lado las necesarias controversias políticas que son imprescindibles para enriquecer el análisis y el tratamiento de cada tema.