La crisis que generó la virulenta protesta salarial de la policía bonaerense dejó secuelas. Quizás algunas comiencen a asomar en breve. Otras, por ahora en forma subterránea, tuvieron cierto estallido contenido.

Lo inédito de la situación obliga a realizar diversas lecturas. La primera tiene que ver con los anestesiados reflejos del ministro Sergio Berni. El hiperactivo funcionario pareció no haber tomado acabada dimensión del justificado malestar por los magros ingresos -en particular de las jerarquías más bajas del escalafón- que se estaba incubando en la fuerza aún cuando sonaban alertas desde hacía semanas. Tanto, que su imagen de dureza y su discurso enérgico fueron sobrepasados por un reclamo que cruzó límites peligrosos. Bajo los efectos aún de la revuelta sofocada con el aumento en los sueldos, Berni fue ratificado en el cargo. Pero quizás esa falta de liderazgo en un episodio que lo puso a prueba le haya asestado un golpe importante a sus ambiciones electorales.

En el propio oficialismo se comienza a mirar a Berni con ojos menos complacientes. Hace algunas horas el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se preguntaba cómo podía ser que alguien que se mostró tan cercano al ex ministro de Seguridad de Cambiemos, Cristian Ritondo, estuviera al frente de la Policía, en referencia al superintendente Daniel García.

Algunos kirchneristas recuerdan no sin intención aquellas imágenes del año pasado que mostraban a García en timbreos junto a Ritondo.

Esa simbiosis es poco digerible para el poder, más aún luego de que el líder de la cúpula policial quedara desautorizado como interlocutor por los propios manifestantes.

Esta última cuestión devela otro de los costados del conflicto policial. No sólo habría que mencionar la evidente ruptura en la cadena de mando: también, el inquietante costado que parece haber mostrado la protesta traducida en la incipiente piqueterización que se habría hecho carne en los escalafones más bajos de la fuerza.

“En el Ejecutivo miran con recelo a algunos intendentes del peronismo en cuyos distritos estallaron los reclamos policiales”

Esa novedad no opaca otra de las aristas que dejó el conflicto. Algunos funcionarios bonaerenses están apuntando las miradas sobre ciertos intendentes del PJ en cuyos territorios estallaron las revueltas. El dedo acusador bordea los límites geográficos de La Matanza, Lomas de Zamora y Almirante Brown. En el Ejecutivo enlazan esa cuestión con la inquina que varios de estos alcaldes tienen con el ministro de Seguridad que, aún en medio de fuego cruzado, sigue siendo sostenido por su principal patrocinante, Cristina Kirchner. Y, obviamente, por Kicillof.

Distinta parece ser la situación de la cúpula policial y del propio jefe. Más temprano que tarde llegaría algún sablazo sobre una estructura que no logró encauzar por impericia o por imposibilidad concreta, el reclamo de sus subordinados.

El capítulo policial y su resolución parecen haber marcado el fin de la dinámica que había impuesto la pandemia. La inyección de recursos a la Provincia para frenar las protestas -unos 35 mil millones de pesos- en detrimento de Capital Federal hizo estallar la disputa política. La oposición bonaerense quedó en el incómodo lugar de tener que apelar al espíritu de cuerpo y abrazar a Horacio Rodríguez Larreta en solidaridad por la detracción de recursos que sufrirá el territorio porteño y que, por el contrario, beneficiará a la Provincia.

REFLEJO

Acaso la forma en que se terminó cocinando esa poda les otorgue cierto margen político para sostener las críticas por una medida que califican de “inconsulta”. Por las dudas, varios intendentes le están pidiendo a Kicillof que coparticipe esos recursos. Difícilmente el Gobernador acceda a esa petición.

Pero el reflejo de aquella tensión excede largamente la relación entre Capital Federal y el gobierno de Alberto Fernández. Tardó menos que un suspiro en impactar en la siempre compleja relación entre el Gobernador y Juntos por el Cambio.

El epicentro fue, una vez más, el Senado. Allí, la oposición hizo valer su mayoría para aprobar 41 designaciones de jueces y fiscales que habían sido propuestas por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Kicillof pretendió, con el intento de retirar los pliegos, reservarse para sí la potestad de volver a filtrar esa extensa nómina de postulantes alumbrada en el último tramo de la gestión de Cambiemos.

El Ejecutivo deberá definir ahora si avala las designaciones o las rechaza. Esta última opción podría terminar dejando en manos de la Suprema Corte la definición sobre la validez de estos polémicos nombramientos.